La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó este domingo sobre el deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo en Honduras, debido a las amenazas, agresiones, campañas de estigmatización y ataques digitales contra comunicadores. El organismo presentó sus conclusiones durante su 82.ª Asamblea General, celebrada en Bogotá, Colombia, donde advirtió sobre los elevados niveles de impunidad que afectan a la prensa hondureña.
El informe señala que los periodistas dedicados a investigar presuntos actos de corrupción, narcotráfico, crimen organizado y asuntos políticamente sensibles enfrentan mayores riesgos de intimidación y hostigamiento.
La SIP también identificó desplazamientos forzados de comunicadores y nuevas formas de ataques mediante plataformas digitales, que afectan tanto a periodistas como a publicaciones y cuentas de medios independientes.
De acuerdo con las cifras recopiladas por el organismo, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) documentó 60 agresiones contra la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información pública entre enero y junio de 2026. Además, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) registró durante 2025 un total de 208 quejas relacionadas con presuntas vulneraciones a las libertades de pensamiento y expresión.
La SIP también advirtió que el 88 % de las muertes violentas de personas vinculadas a medios de comunicación permanece impune, una situación que refleja las dificultades para esclarecer los ataques contra el sector periodístico.
El organismo señaló que Honduras continúa dentro de la categoría de alta restricción para el ejercicio de la libertad de prensa, en medio de denuncias sobre amenazas y obstáculos para desarrollar labores informativas.
El caso de Roosevelt Hernández
Uno de los casos destacados en el informe corresponde al general en retiro Roosevelt Hernández, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, quien enfrenta un proceso judicial por presuntos delitos relacionados con ataques a la libertad de prensa. El Ministerio Público presentó en julio de 2026 un requerimiento fiscal contra el exjerarca militar, a partir de denuncias sobre publicaciones difundidas mediante un medio digital institucional de las Fuerzas Armadas.
Entre los elementos examinados por la Fiscalía figura la publicación titulada “Sicarios de la verdad”, difundida el 26 de mayo de 2025, en la que se realizaron señalamientos públicos contra periodistas hondureños. Según la investigación fiscal citada por la SIP, estos contenidos habrían contribuido a desacreditar y estigmatizar a comunicadores. Los periodistas Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra, Dagoberto Rodríguez y José Adán López figuran como denunciantes y han solicitado garantías para el debido proceso y el respeto a la libertad de expresión.
El 1 de septiembre de 2026, una jueza dictó auto de formal procesamiento contra Hernández y ordenó medidas sustitutivas a la prisión preventiva. La defensa presentó una apelación el 4 de septiembre y solicitó el sobreseimiento definitivo. Posteriormente, el 15 de octubre, dos organizaciones de derechos humanos presentaron un escrito de amicus curiae para pedir una resolución oportuna y el respeto de las garantías de todas las partes. Al momento de la presentación del informe, el expediente continuaba pendiente de una decisión de la Corte de Apelaciones.
Hernández rechazó las acusaciones y sostuvo que las publicaciones cuestionadas estaban protegidas por el derecho a la libertad de expresión. La SIP incluyó este proceso entre los asuntos relevantes para evaluar las condiciones de la prensa en Honduras, mientras el caso continúa sujeto a resolución judicial y debe desarrollarse bajo los principios de presunción de inocencia y debido proceso.
