La desconfianza en las autoridades y el temor a represalias siguen siendo obstáculos para denunciar delitos en Guatemala. Durante 2026, el 60,6 % de las víctimas de hechos delictivos no acudió a las autoridades, según datos de una encuesta del Monitor Global de Emprendimiento (GEM), citada por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
La cifra refleja un aumento respecto de 2025, cuando el 55,7 % de las víctimas optó por no denunciar. Entre las razones señaladas se encuentran el miedo a sufrir represalias, la desconfianza institucional y la percepción de que presentar una denuncia no tendrá resultados.
Esta situación genera interrogantes sobre las estadísticas oficiales de extorsión, uno de los delitos que más afectan a familias, comerciantes y transportistas guatemaltecos.
De acuerdo con los datos analizados por el CIEN, las denuncias por extorsión disminuyeron un 40,2 % entre enero y septiembre de 2026, al pasar de 20.394 casos en el mismo período de 2025 a 12.188 este año.
Sin embargo, los resultados de la encuesta GEM muestran que la extorsión aumentó su participación entre los delitos reportados por los encuestados, del 15,7 % en 2025 al 21,1 % en 2026. Este contraste sugiere que la disminución de las denuncias oficiales no necesariamente representa una reducción equivalente del delito.
El investigador David Casasola, del CIEN, advirtió que la falta de denuncias dificulta conocer la dimensión real de la criminalidad y limita la capacidad de las instituciones para responder a las necesidades de seguridad de la población.
La extorsión continúa afectando principalmente a los hogares guatemaltecos. Según los registros oficiales citados en el informe, las viviendas concentran el 88,5 % de las denuncias acumuladas hasta el corte parcial de octubre, mientras que los comercios y el transporte también figuran entre los sectores perjudicados.
El panorama expone uno de los desafíos de seguridad más importantes para Guatemala: recuperar la confianza de las víctimas en las instituciones y garantizar que puedan denunciar sin temor, una problemática compartida por otros países de Centroamérica.
