El sector empresarial de Guatemala rechazó que el Congreso apruebe por urgencia nacional la nueva Ley de Contrataciones del Estado. Advirtió que ese procedimiento pondría en riesgo la transparencia, la seguridad jurídica y la continuidad de los servicios públicos.
El pronunciamiento lo firmaron el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Fundación 2020, FUNDESA y Guatemala No Se Detiene.
Las organizaciones respaldaron la necesidad de modernizar las compras públicas. Sin embargo, pidieron que los diputados realicen un análisis técnico y respeten el debate legislativo.
“Una reforma de esta magnitud no puede aprobarse saltándose el debate y los procesos legislativos que amerita”, señalaron en un comunicado divulgado el 20 de noviembre.
Tres versiones generan dudas entre los empresarios
Los firmantes aseguraron que en los últimos días circularon al menos 3 versiones distintas de la iniciativa. Por ello, cuestionaron que los diputados no hayan tenido tiempo suficiente para conocer y analizar los cambios.
Además, recordaron que la propuesta contempla entrar en vigor 18 meses después de su aprobación. Esto significa que su aplicación correspondería al próximo gobierno.
Guatemala necesita una Ley de Contrataciones moderna y técnicamente sólida, no una aprobación apresurada que comprometa la transparencia y la certeza jurídica.#ComunicadoCACIF pic.twitter.com/Te2CU1GcSG
— CACIF (@CACIFGuatemala) November 20, 2026
Por esa razón, consideraron injustificada la presión para acelerar su aprobación.
Los nuevos montos modifican las reglas de compra
La iniciativa 6688, presentada por el Gobierno de Bernardo Arévalo en noviembre de 2025, busca sustituir la ley vigente desde 1992.
Entre sus cambios, propone elevar a $261,600 el monto a partir del cual sería obligatoria una licitación pública. Actualmente, ese requisito comienza alrededor de $117,720.
También establece compras simplificadas de hasta $39,240 y procesos de cotización de hasta $261,600.
El 17 de noviembre, algunos diputados intentaron impulsar la aprobación por urgencia nacional. Sin embargo, desistieron ante la presión pública y empresarial.
El CACIF y las otras organizaciones reconocieron a los legisladores que se oponen a ese procedimiento y les pidieron mantener su postura.






