La codictadora de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció la apertura del Hotel Boutique Jocote Dulce, una mansión de 5 habitaciones que el excomandante sandinista Bayardo Arce mandó construir en 2009 y que el Estado le confiscó.
Murillo presentó el negocio como un espacio “para eventos y reuniones con atención de calidad”, pero omitió el origen de la propiedad, ubicada en San Isidro de la Cruz Verde, al sur de la capital, según reveló el medio digital Despacho 505.
El estatal Instituto Tecnológico Nacional (Inatec) administrará el hotel, que además servirá de centro de prácticas para estudiantes de hotelería y turismo. La dictadura reportó una inversión de 15.041.143 córdobas (poco más de $409,000) en la propiedad confiscada.
A la apertura asistieron la directora del Inatec, Loyda Barreda, y el designado vicealcalde de Managua, Enrique Armas, quien se dijo “vivamente impresionado” con el lugar.
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De asesor de Ortega a la cárcel
Arce, de 76 años, es uno de los 9 comandantes históricos de la revolución sandinista y fue asesor económico del presidente Daniel Ortega.
Además, ejerció de interlocutor con el empresariado y era el último comandante sandinista que le quedaba de aliado a Ortega.
Tras un arresto domiciliario desde marzo de 2025, la Policía lo detuvo el 30 de julio de ese año.
En enero, un tribunal lo declaró culpable de lavado de activos en la modalidad de defraudación al Estado, junto con su asistente, Ricardo Bonilla Castañeda.
La sentencia ordenó cancelar sociedades y decomisar bienes, sin precisar su destino. Su caída se atribuye a la purga que Murillo ejecuta en el círculo de poder sandinista, donde otro histórico, Henry Ruiz, permanece en arresto domiciliario.
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Confiscaciones como política de Estado
El caso forma parte de una práctica que el régimen consolidó tras las protestas de 2018: apropiarse de bienes de opositores, medios independientes y organizaciones religiosas y civiles mediante la cancelación de personerías jurídicas y procesos judiciales.
También alcanzó a sedes extranjeras.
En diciembre de 2021, tras romper con Taiwán y reconocer a China, la dictadura ocupó la embajada taiwanesa, que Taipéi había vendido por un dólar a la Arquidiócesis de Managua, y la declaró propiedad de China.

En abril de 2022, la Policía ocupó la oficina de la OEA, declarada de utilidad pública y destinada a ser un museo.
Asimismo, la Iglesia católica sufrió confiscaciones de toda magnitud, entre ellas la de la Universidad Centroamericana (UCA), en 2023, que la regían los jesuitas desde los años 60.
Ese año, además, la dictadura cerró Puerta de la Montaña, ministerio vinculado a tres estadounidenses, y confiscó bienes que la organización valora en casi cinco millones de dólares.
Once de sus pastores fueron condenados a entre 12 y 15 años de cárcel y excarcelados en septiembre de 2024, bajo protesta, presiones y sanciones de Estados Unidos.






