El informe de World Justice Project sostiene que los países con peores posiciones en el ranking global enfrentan mayores dificultades para atraer inversión extranjera y generar crecimiento económico sostenido.
Nicaragua, ubicada en el puesto 139, enfrenta un fuerte aislamiento internacional que se traduce en caída de inversiones, reducción de cooperación externa y deterioro de las condiciones de vida de la población.
El Salvador, en el puesto 114, presenta un escenario mixto: mejoras en seguridad conviven con alertas internacionales por el debilitamiento de contrapesos institucionales, lo que genera incertidumbre económica a mediano plazo.
Guatemala atraviesa un clima de incertidumbre jurídica que impacta negativamente en la confianza empresarial y limita la llegada de nuevas inversiones, especialmente en sectores estratégicos.
En Honduras, la combinación de corrupción, impunidad y debilidad institucional continúa afectando la competitividad económica y la capacidad del Estado para reducir la pobreza.
Panamá, tradicionalmente visto como un hub financiero regional, enfrenta cuestionamientos crecientes por corrupción y falta de transparencia, lo que ha erosionado su reputación internacional.
Belice mantiene mayor estabilidad relativa, pero el informe advierte que las limitaciones en acceso a la justicia afectan especialmente a sectores vulnerables y pequeños productores.
Costa Rica conserva mejores indicadores sociales y económicos, aunque el desgaste institucional comienza a reflejarse en la confianza ciudadana y en el debate político interno.
El World Justice Project señala que la debilidad del Estado de derecho incrementa el costo de hacer negocios y reduce la competitividad frente a otras regiones emergentes.
La falta de justicia efectiva también profundiza la desigualdad social y limita el acceso a derechos básicos como salud, educación y seguridad.
A nivel social, la erosión institucional aumenta la conflictividad y debilita la cohesión comunitaria, especialmente en contextos de pobreza y exclusión.
El informe concluye que fortalecer las instituciones no es solo una cuestión legal, sino una condición esencial para el desarrollo económico sostenible y la estabilidad social en Centroamérica.
