El Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció que Panamá, el centro financiero más grande de Centroamérica, ha mostrado “avances significativos” para dejar atrás la viñeta de paraíso fiscal, pero advirtió que hay “lagunas en el marco jurídico” pendientes de resolver.
La institución publicó el 19 de julio cuatro documentos de estudio de Panamá relacionados con la adopción de los Principios Básicos de Basilea para supervisión bancaria, lavado de dinero y lucha contra el financiamiento del terrorismo, así como con la adopción de políticas prudenciales en el sistema bancario y seguridad financiera.
El FMI consideró que “Panamá ha luchado” desde 2019 para ajustar su régimen contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo para salir del listado gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que concretó finalmente en octubre de 2023.
El multilateral recordó que desde 2012 la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) inició una carrera para actualizar el marco regulatorio y de supervisión como parte del Programa de Evaluación de Estabilidad Financiera (FSAP).
Con una economía dolarizada, la primera de América Latina desde inicios del siglo XX, Panamá no tiene un banco central que regule el sistema bancario, por lo que enfrenta limitaciones en el desarrollo de una red de seguridad financiera.
Mientras los bancos estatales se benefician de una garantía explícita del gobierno, el resto del sistema financiero no tiene un marco de seguro de depósitos. También cuenta con un centro de apoyo de último recurso o el mecanismo de asistencia de liquidez de emergencia para preservar la liquidez.
La tarea es asumida por la Superintendencia de Banco, quien, según el análisis del FMI, tiene una capacidad adecuada para recopilar información del sistema bancario, así como realizar evaluaciones de riesgos.
Aunque la institución mantiene un monitoreo sobre el sistema bancario, el Fondo Monetario considera que falta garantizar un marco institucional y debates que garanticen la calidad de datos disponibles del sector.