La Unión Europea prorrogó el jueves un año más, hasta el 15 de octubre de 2023, el régimen de sanciones que impone a una veintena de personas y tres entidades por la deriva autoritaria en Nicaragua, una decisión que se anuncia días después de que las autoridades del país expulsaran a la jefa de la delegación de la UE en Managua, Bettina Muscheidt.
Los Veintisiete consideran “injustificada” tanto la expulsión de su embajadora como la decisión del Gobierno de Daniel Ortega de cortar relaciones diplomáticas con Países Bajos, un pulso diplomático que el mandatario nicaragüense activó después de que la delegación de la UE en Naciones Unidas exigiera la liberación de los presos políticos y la vuelta a la democracia.
Hace ya tres años que la Unión Europea adoptó este paquete de medidas coercitivas que suponen la congelación de bienes de un total de 21 personas y tres entidades nicaragüenses en la Unión Europea, así como la prohibición para las empresas y ciudadanos europeos de proporcionarles fondos.
Las sanciones europeas también implican que la frontera común está cerrada a las personas señaladas, que tienen prohibido tanto la entrada como el tránsito por el espacio de la Unión Europea.
“La UE reafirma su continuo compromiso con el pueblo nicaragüense y con la defensa de la democracia, el Estado de derecho y los Derechos Humanos”, consta en un comunicado del bloque para anunciar la prórroga de las sanciones.
“La actual crisis política en Nicaragua debe resolverse a través de un iálogo genuino entre el Gobierno y la oposición. La UE permanece abierta al diálogo con Nicaragua, siempre que este diálogo se lleve a cabo de manera respetuosa”, concluye el texto.
