Los gobiernos de Argentina y Chile ofrecieron la ciudadanía a los nicaragüenses expatriados por la dictadura de Daniel Ortega, que ha castigado con el destierro a más de 300 opositores a su régimen.
El canciller argentino, Santiago Cafiero y la la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, dijeron que la oferta está abierta para cualquiera de los 94 ciudadanos que corrieron la misma suerte que los respetados escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, quienes fueron “castigados” por externar sus ideas y cuestionar la dictadura que mantiene Ortega junto a su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo.
Mientras tanto, el gobierno chileno informó que ofrecerá ciudadanía y residencia en el país a los nicaragüenses “injustamente expatriados”.
“Por supuesto (que está la posibilidad), para él y todos los que están también padeciendo lo que está sucediendo en Nicaragua. El tema es que el trámite es personal”, explicó el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina.
En tal sentido, aclaró que el trámite para obtener la ciudadanía es personal.
“Por supuesto que se puede hacer. Si Ramírez pide la ciudadanía argentina, se la damos. Se debería presentar en la embajada y se inicia el trámite. La Argentina está en condiciones de hacerlo. Para hablar sin eufemismos: si pide la ciudadanía, se le da”, afirmó Cafiero.
Un comunicado de la Cancillería de Chile, por su parte, dice que «ante la reciente decisión del Estado de Nicaragua de privar de su nacionalidad y derechos políticos a más de trescientas personas nicaragüenses, identificadas como opositoras políticas, el gobierno de Chile arbitrará los medios legales necesarios para ofrecerles la debida protección internacional, que les permita residir en el país y obtener la nacionalidad chilena según las normas constitucionales y legales que la regulan».
Chile es uno de los países que decidió alzar la voz y condenar la dictadura de Ortega.
“Chile pone a disposición esta alternativa para quienes han sido injustamente expatriados de Nicaragua y voluntariamente decidan tomarla”, agrega la cancillería.
El 9 de febrero pasado, la dictadura Ortega-Murillo liberó 222 presos políticos y los desterró. Todos fueron acogidos con parole humanitario por Estados Unidos y algunos aceptaron el ofrecimiento de España de volverse ciudadanos.
Solo un día después, el régimen condenó a monseñor Rolando Álvarez a 26 años de cárcel. El religioso es un fuerte crítico del régimen.
Una semana más tarde, Ortega le retiró la ciudadanía a 94 ciudadanos más, entre ellos Ramírez, exvicepresidente sandinista, y Belli, quien también militó en ese partido desde que era una subversión.