El expresidente estadounidense, Donald Trump fue arrestado este jueves en Atlanta, Georgia, acusado por conspiración electoral y asociación ilícita, al supuestamente intentar manipular los resultados electorales de 2020 que perdió ante Joe Biden.
Poco después de ser notificado de los cargos y fotografiado como cualquier otro acusado, Trump fue puesto en libertad tras pagar una fianza de 200.000 dólares y otras condiciones de liberación, incluido el no uso de las redes sociales para intimidar a los coacusados o testigos en el caso, que fueron negociadas previamente por sus abogados.
“No hice nada malo”
El expresidente Donald Trump se dirigió brevemente a los periodistas después de ser arrestado y puesto en libertad bajo fianza de la cárcel del condado de Fulton el jueves.
“No hice nada malo”, dijo.
Trump describió el caso penal en su contra como “una parodia de la justicia”.
“Tenemos todo el derecho de impugnar una elección que creemos que es deshonesta”, dijo.
Trump también abordó los otros casos penales pendientes en su contra, diciendo: “Este es un caso, pero tienes otros tres casos. Esta es una interferencia electoral”.
La acusación
La histórica acusación por 41 cargos revelada la semana pasada afirma que Trump y y sus 18 coacusados son parte de una amplia conspiración para intentar anular el resultado de las elecciones de 2020 en el estado de Georgia.
Los fiscales dicen que las acciones criminales en torno a las cuales se basa el cargo incluyen: hacer declaraciones falsas, presentar documentos falsos y falsificaciones, hacerse pasar por funcionarios, violaciones informáticas e intentos de influir sobre los testigos.
Trump y sus 18 coacusados están acusados de violar una variedad de leyes penales en el caso de subversión electoral de Georgia de 2020, pero un delito une todas sus supuestas malas conductas: la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Chantajes (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, en inglés).
La ley estatal, comúnmente conocida como RICO, es similar a la versión federal del estatuto que apunta a las llamadas empresas criminales. La ley de Georgia permite a los fiscales incluir una variedad de conductas en sus acusaciones, incluidas actividades que tuvieron lugar fuera del estado de Georgia pero que pueden haber sido parte de una conspiración más amplia.
Los condenados por cargos de asociación ilícita también se enfrentan a penas más severas, un punto de ventaja para los fiscales si esperan delatar a posibles cómplices o animar a los acusados a aceptar acuerdos con la fiscalía.