La pretensión de Rosario Murillo de perpetuar el poder familiar, dinástico, después de Daniel Ortega enfrenta un obstáculo que ninguna reforma constitucional puede resolver, pues heredar un cargo no equivale a heredar la capacidad política para sostenerlo. Inviable, por lo tanto.
La tesis de la fallida sucesión nace de esa contradicción. El régimen puede fabricar disposiciones a su medida, pues controla todos los Poderes del Estado, incluyendo una Asamblea Nacional totalmente doblegada a sus pies, (con partidos políticos que habiendo nacido con espíritu democrático, se adhirieron a la dictadura), aunque eso tampoco garantiza una sucesión eficaz.
El dicho popular “sin santo no hay procesión”, le cae como anillo al dedo a la situación nicaragüense. Ese santo ha sido Daniel Ortega, secretario general y caudillo máximo del Frente Sandinista desde 1979, cuando coordinó la extinta Junta de Gobierno.
Ante esta realidad y ante la presión internacional hemisférica y europea, Murillo enfrenta dos caminos.
El primero: aceptar una transición democrática mediante una negociación con compromisos verificables y con intermediación política partidaria, para lo cual deberá restituir antes de todo diálogo los derechos políticos y constitucionales de los partidos clausurados.
La resolución aprobada por la Reunión de Consulta de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 2 de octubre de 2026, exige restitución de derechos y condiciones electorales, así como un mecanismo de seguimiento. Existe una iniciativa hemisférica concreta que Managua tendrá que afrontar. Lo mismo ha manifestado la Unión Europea.
El segundo camino es rechazar esa apertura y exponerse a una presión internacional mayor.
El Grupo Ministerial, de diez países, anunciado el 3 de noviembre y con participación de Estados Unidos, tiene el mandato de formular recomendaciones diplomáticas y jurídicas con acciones precisas, lo cual es avalado por el Escudo de Las Américas y por el viejo Tratado de Asociación Recíproca (TIAR).
Ningún paquete de sanciones económicas y financieras está aún en marcha; pero la negativa de no abrirse del régimen fortalecerá las posiciones favorables a esas medidas, adoptadas por los Estados mediante sus respectivos instrumentos legales.
Allí reside la vulnerabilidad de la sucesión. Una presión dirigida a los responsables de la represión y a sus intereses económicos podría erosionar los vínculos que unen al poder político, los mandos militares, policiales y al gran capital asociado al régimen, pues cuando la fidelidad compromete patrimonios y responsabilidades individuales, el cálculo de conveniencia puede cambiar. Siempre ha sido así.
Esa fractura podría precipitar la caída del proyecto dinástico. Murillo ya ocupa la copresidencia en el ordenamiento del propio régimen. Esa posición formal no demuestra que tenga capacidad política autónoma para conducir un relevo estable después de Ortega. Más aún, el abrupto anuncio posterior a la copresidencia de los “delegados vicepresidenciales” ha dejado un sabor de desesperación encomiable.
La dictadura ha concentrado tanto sus decisiones en la pareja gobernante que ha debilitado las estructuras capaces de procesar una sucesión, y por si esto fuera poco, las purgas internas en el Orteguismo han causado irritación y dispersión partidaria incapaz de legitimar o respaldar desde ese encuadre todo intento de continuidad.
La obediencia impuesta no sustituye un acuerdo fraterno o definitivo para quienes sostienen ahora ese poder.
La comparación con los Somoza muestra una diferencia histórica. Cuando Anastasio Somoza García (Tacho) fue asesinado en 1956, su hijo Luis ya era diputado y el Congreso lo eligió presidente para concluir el período de su padre. La condición parlamentaria del sucesor facilitó aquella operación desde la institucionalidad de entonces. En la familia Ortega Murillo solo el —-y bajo fraudes—- ha gozado de elección popular.
El problema de Murillo es político e institucional: pretende convertir una designación dentro del aparato autoritario en una autoridad capaz de conservar cohesión, interlocución y obediencia después de Ortega. Esa transferencia no calza a 50 años de sandinismo orteguista y ante un deterioro de todo tipo a gran escala.
En el plano internacional, este es el momento más oscuro para toda pretensión dinástica dada la crisis de credibilidad ética y moral del comunismo mundial, la crisis de las izquierdas y del llamado socialismo del siglo XXI. Las tensiones que afrontan Rusia, China e Irán tampoco permiten suponer que sus relaciones con Managua sean un seguro ilimitado de supervivencia. Son potencias con intereses propios, no garantes de una herencia familiar y con sus propias crisis a cuestas.
La oposición política partidaria tiene, por ello, una responsabilidad inmediata: prepararse para una interlocución democrática seria, acompañada por los demás sectores nacionales, de cara a la transición electoral en marcha desde hace más de un año, aunque sin anuncios oficiales ni muchos vectores mediáticos.
La imposibilidad de la sucesión dinástica es una tesis política, no una profecía sobre fechas u oráculos al vacío. Nicaragua necesita lo que el régimen nunca supo ni puede darle: estabilidad, alternabilidad y libertad. El cambio viene, está a las puertas de la luz y alejado de las tinieblas.
