La declaración, presentada en septiembre por Costa Rica en nombre de un grupo interregional de Estados, rechazó el anuncio y los trámites del régimen por eliminar las elecciones democráticas.
Los países cuestionaron la eliminación del pluralismo político, la concentración del poder en el partido gobernante y la persecución de opositores, periodistas y defensores de derechos humanos dentro y fuera del país.
El pronunciamiento coincidió con las denuncias formuladas en la Organización de los Estados Americanos (OEA) y con la continuidad de las sanciones de EE.UU y la Unión Europea contra funcionarios y entidades vinculados al régimen nicaragüense.
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La ONU documenta el terror sandinista
Los 47 Estados expresaron su preocupación por la muerte bajo custodia estatal del dirigente indígena miskito Brooklyn Rivera, detenido durante casi tres años en régimen de incomunicación.
Además, exigieron una investigación independiente para determinar las responsabilidades del caso.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua documentó 161 casos de desaparición forzada desde 2018, de los cuales 29 continuaban abiertos en agosto de 2026.
Además, registró ocho muertes bajo custodia estatal de personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos.
Los expertos señalaron que estos hechos, junto con el encarcelamiento arbitrario, la tortura y la persecución política, pueden constituir crímenes de lesa humanidad, y pidieron a los Estados que impulsen mecanismos de rendición de cuentas.
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Aislados por todas partes
En la OEA, una reunión extraordinaria de cancilleres dedicada a Nicaragua también reflejó un amplio consenso frente a la crisis, sin votos en contra de la resolución sometida a consideración.
Estados Unidos fue más allá al calificar a Nicaragua como una amenaza para la seguridad regional, una caracterización que dos países evitaron respaldar expresamente, aunque esa diferencia no impidió el consenso sobre la gravedad de la situación.
En Washington, las medidas contra funcionarios y entidades vinculados al régimen han recibido respaldo de demócratas y republicanos, pese a sus diferencias en otros asuntos de política exterior.
La Unión Europea, por su parte, mantiene las sanciones contra responsables de la represión y estructuras vinculadas al poder nicaragüense, sin que haya prosperado una oposición capaz de frenar su continuidad.
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Crisis desde 2018
El respaldo de gobiernos de distintas regiones y orientaciones políticas contrasta con los esfuerzos de Ortega y Murillo por presentar sus relaciones con Rusia, China e Irán como prueba de apoyo internacional.
Ocho años después del estallido de la crisis sociopolítica de abril de 2018, la dictadura continúa rechazando la supervisión internacional.
Mientras tanto los organismos multilaterales reclaman la liberación de los detenidos arbitrariamente, el respeto de las libertades fundamentales y la rendición de cuentas por los abusos documentados.
El desafío consiste ahora en convertir las condenas en medidas efectivas de protección para las víctimas y de presión sobre las autoridades nicaragüenses.
