Una experta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció que 2,000 abogados fueron eliminados del registro oficial de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua sin previo aviso, presuntamente por no estar alineados con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Estas exclusiones atentan directamente al corazón del derecho a un juicio justo”, afirmó Margaret Satterthwiate, Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados.
“La comunidad internacional debe tomar acciones para proteger los espacios independientes de organización, expresión y participación social que las autoridades nicaragüenses han tratado de reprimir desde 2018”, agregó la funcionaria.
Según la relatora, los profesionales fueron retirados del registro sin recibir notificación, sin enfrentar procedimientos disciplinarios o administrativos individualizados que justificaran la decisión y sin contar con una oportunidad efectiva para impugnarla ante una autoridad independiente. La exclusión les impide presentar escritos, representar clientes y realizar actos notariales.
“La profesión jurídica ha sido objeto de un acoso especial en Nicaragua. Las y los abogados que han representado a personas privadas de libertad por motivos políticos, que han defendido los derechos humanos o que han denunciado abusos del Estado se enfrentan a restricciones en el ejercicio de su profesión, a vigilancia, acoso, amenazas, exilio forzado, y ahora a la cancelación de sus registros profesionales y otras medidas de represalia”, afirmó Satterthwaite.
La experta también expresó preocupación por la Circular 2026 del Consejo Nacional de Administración y Carreras Judiciales, que instruye a jueces y órganos judiciales a comprobar obligatoriamente si los profesionales del derecho están inscritos en el sistema de registro del Poder Judicial antes de prestarles cualquier servicio.
Cuando un abogado no aparezca registrado, las autoridades deberán remitirlo a la Dirección de Regulación, Supervisión y Control de Abogados y Notarios de la Corte Suprema de Justicia para regularizar su situación. Satterthwaite consideró que esta disposición transmite un mensaje intimidatorio hacia los profesionales del derecho.
“No podemos olvidar que en 2023 entraron en vigor reformas constitucionales relacionadas con la revocación de la nacionalidad nicaragüense y el uso del sistema disciplinario y de las facultades reguladoras de la Corte Suprema de Justicia para restringir arbitrariamente el ejercicio de la abogacía y los servicios notariales, particularmente en lo que respecta a los profesionales considerados críticos con el gobierno, y que 26 abogadas y abogados fueron inhabilitados tras ser despojados de su nacionalidad”, dijo Satterthwiate.
La Relatora Especial informó que envió una carta a Nicaragua para expresar sus preocupaciones ante esta situación.
“Nicaragua debe poner fin de inmediato a estos ataques contra la profesión jurídica y el derecho a un juicio justo”, afirmó Satterthwaite.
