Ochenta miembros del Congreso de Estados Unidos enviaron una carta al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, para solicitar la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, cuya designación vence el próximo 9 de septiembre de 2026.
La iniciativa fue encabezada por el congresista demócrata James P. McGovern, miembro de mayor rango del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes y copresidente de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos. En la carta, los legisladores sostienen que las condiciones que motivaron la designación del TPS en 2001 continúan vigentes y que, además, el país enfrenta nuevas crisis humanitarias, económicas y de derechos humanos.
“No sólo persisten las condiciones que inicialmente justificaron la designación del TPS para El Salvador en 2001, sino que nuevas y graves crisis humanitarias, económicas y de derechos humanos agravan la incapacidad de El Salvador para manejar el regreso de sus nacionales”, escribieron los congresistas.
Los legisladores señalan que más de 200 mil salvadoreños viven actualmente en Estados Unidos bajo el TPS y que, después de más de 25 años en ese país, han establecido familias, negocios y una amplia participación en la economía estadounidense. Advirtieron que cancelar el programa provocaría la separación de familias, la pérdida del estatus migratorio y la deportación de millas de personas.
Según la carta, nueve de cada diez beneficiarios salvadoreños del TPS forman parte de la fuerza laboral de Estados Unidos. En conjunto aportan $5,400 millones anuales a la economía y pagana alrededor de $1,500 millones en impuestos federales, estatales y locales. Además, más de 150 mil niños estadounidenses tienen al menos uno de sus padres protegidos por este programa migratorio.
El documento también afirma que una deportación masiva tendría un costo elevado para Estados Unidos. Con base en estimaciones del propio Departamento de Seguridad Nacional, remover a un migrante supera los $18,000 por persona, por lo que deportar a todos los salvadoreños con TPS representaría un gasto cercano a $3,000 millones, sin incluir las pérdidas económicas derivadas de la reducción de la fuerza laboral y de la recaudación tributaria.
En materia de derechos humanos, los congresistas argumentan que El Salvador mantiene un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 y citan informes de organismos internacionales que documentan detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, juicios masivos, la captura de más de 3,000 menores de edad y más de 500 personas fallecidas bajo custodia estatal.
Asimismo, sostiene que organizaciones independientes han documentado casos de migrantes deportados desde Estados Unidos que fueron detenidos al llegar a El Salvador sin revisión judicial ni debido proceso. Por ello, considere que el país no reúne actualmente las condiciones para recibir de manera adecuada a sus nacionales retornados.
“Las continuas violaciones de derechos humanos patrocinadas por el Estado, un estado de excepción sin final a la vista, la fragilidad económica, el colapso de los servicios públicos y los patrones documentados de detención y desaparición de deportados confirman que El Salvador no puede manejar el regreso de sus nacionales en este momento”, afirmaron los congresistas.
La petición cuenta con el respaldo de organizaciones como National TPS Alliance, American Business Immigration Coalition, Allianza Americas, National Day Laborer Organizing Network, Service Employees International Union (SEIU), CASA, CARCEN-LA, FWD.us y National Domestic Workers Alliance, entre otras, que también respaldan la continuidad del programa para los salvadoreños.
