La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Panamá avaló la asignación de $40.1 millones para que el Ministerio de Gobierno realice los pagos correspondientes a la empresa que se encarga de servir los alimentos a los privados de libertad.
La solicitud de los fondos fue presentada por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, para recibir $40.1 para pagar a la empresa que provee los desayunos, almuerzos y cenas para los privados de libertad en los centros penitenciarios de Colón y Panamá.
La empresa contratada para este servicio es el Consorcio Alimentando Panamá, S.A., que se encarga de preparar y entregar las comidas desde 2012 y que se calcula es responsable de la alimentación del 80 % de las personas que conforman el sistema penitenciario panameño.
“Esto va directamente con el equipo también del Ministerio de Salud, que es el que hace la evaluación de los requerimientos alimentarios para los privados de libertad en una situación que están sedentarios, ellos hacen su evaluación”, añadió la ministra Montalvo.
Solo a inicios de este 2026, el gobierno acordó un nuevo contrato para seguir con la preparación y entrega de los alimentos por $209.6 millones. El gobierno panameño estima que el costo diario por tres platos de comida es de $5.50.
Montalvo detalló que en la evaluación del Ministerio de Salud se evalúa el aporte calórico de las comidas y así establecen el precio de los alimentos. La funcionaria también dijo que buscan dejar las cosas arregladas en este tema para que el nuevo gobierno de 2029 pueda tener “el suficiente tiempo para tener organizado su pliego” y licitar correctamente este servicio.
Además, la ministra de Gobierno reveló que el gasto anual en alimentación es de unos $34 millones para presos de las cárceles de la provincia de Panamá y otros $5 millones en la provincia de Colón.
Otros fondos
El Ministerio de Gobierno también solicitó la incorporación de $1 millón para reforzar el sistema de seguridad en el complejo penitenciario La Joya, donde hace unos meses se reportó la fuga de al menos 195 presos, de los que, hay seis que aún están prófugos.
Además, otros $1.1 millones se usarían para pagar una deuda con la empresa Cable & Wireless por el servicio de videovigilancia en las cárceles de La Joya, La Mega Joya y La Joyita, donde se albergan al menos 16,000 privados de libertad.
