La Corte de Constitucionalidad de Guatemala confirmó el retiro de la inmunidad de 4 magistrados electorales, tras rechazar el amparo pedido por 14 ciudadanos que buscaban frenar una cuestionada decisión de los diputados del Congreso de la República.
Desechada la petición, los miembros del Tribunal Supremo Electoral perderían su escudo y podrían ser procesados judicialmente como lo pretende el devaluado Ministerio Público.
Los magistrados constitucionales consideraron que quienes presentaron el amparo no son agraviados o afectados con la decisión legislativa, por lo tanto no procede su petición.
Las autoridades electorales perdieron su inmunidad por decisión del Congreso de la República. El Ministerio Público sostiene que estos incurrieron en irregularidades al contratar un software para las elecciones de este año sin seguir las reglas establecidas.
Los magistrados afectados son Irma Palencia, Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Ranulfo Rojas. Todos se encuentran fuera de Guatemala desde hace más de 2 semanas.
El Ministerio Público, encabezado por Consuelo Porras, funcionaria considerada corrupta y antidemocrática, persigue desde hace meses a varios actores electorales y hasta pidió la anulación de las votaciones, lo que desató una serie de cuestionamientos nacionales e internacionales.
El retiro de la inmunidad de los magistrados en el Congreso requirió una negociación “secreta” del oficialismo, que ha sido fuertemente criticada.
