La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó una reforma legal que someterá a abogados, notarios y contadores a la supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), como parte de las medidas para fortalecer los controles contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Con 50 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó reformar la “Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo”, para que los abogados, notarios y contadores sean controlados para evitar lavado de dinero.
El cambio de ley, aprobado en segundo debate, también incorpora a las inmobiliarias, casas de empeño, prestamistas y comerciantes de metales y piedras preciosas, para controlar sus ingresos y detectar posibles actividades de lavado de dinero en Costa Rica.
La reforma también incluye a los proveedores de servicios fiduciarios y a quienes organizan, administran y operan habitualmente en subastas de venta y compra de ganado, sean presenciales o electrónicas. De esta forma, estos nueve sectores también entrarán al control financiero de la Sugef.
Además, el proyecto aprobado en la Asamblea, de mayoría oficialista, considera que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) emita un reglamento que esté basado en los riesgos financieros, el cual, deberá ser consultado inicialmente con los sectores que ahora serán controlados.
Asimismo, la Sugef deberá considerar las exigencias de cada persona natural o jurídica de acuerdo a su tamaño, estructura y volumen de operaciones. En cuanto a las organizaciones sin fines de lucro se establece un régimen diferenciado, al igual, que para fundaciones y asociaciones de carácter caritativa, religiosa, cultural, educativa y social.
De esta forma, el CONASSIF deberá aglutinar los subsectores que tienen más “riesgos de recibir financiamiento del terrorismo”, para que se inscriban ante la Sugef y que así se comprometan a preservar los datos de sus donantes y beneficiarios.
La nueva normativa, que ahora deberá pasar por el aval presidencial, establece multas que val del 5 % al 50 % del monto total de las transacciones que incumplan con las obligaciones de registro, mientras que los incumplimientos de controles internos como identificación de clientes e inscripciones se sancionarán de dos a 100 salarios mínimos.
