El “Chinazo 3.0”, el escándalo de las visas que sacude Honduras

El Congreso hondureño investiga el ingreso de 13,022 ciudadanos chinos entre 2022 y 2025, así como la emisión de unas 400 visas para inversionistas. La controversia combina sospechas de irregularidades migratorias, denuncias de competencia comercial desleal y tensiones políticas por las relaciones diplomáticas con Pekín.

El denominado “Chinazo 3.0” abrió un nuevo frente de controversia política en Honduras, donde el Congreso Nacional investiga el ingreso de 13,022 ciudadanos chinos entre 2022 y 2025, mientras gobernaba la presidenta izquierdista Xiomara Castro, quien estableció relaciones diplomáticas con China en marzo de 2023. La polémica despertó cuestionamientos sobre los controles migratorios, la emisión de visas y la capacidad de las instituciones para verificar la permanencia de extranjeros en el territorio hondureño.

La investigación adquirió dimensión nacional después de que el diputado del Partido Nacional, Kilvett Bertrand, presentara una moción aprobada por el pleno legislativo el 10 de agosto de 2026.

La iniciativa encargó a las comisiones de Migración y Relaciones Internacionales examinar los registros oficiales y determinar cuántos ciudadanos chinos ingresaron legalmente, cuántos permanecen en el país y si algunos utilizaron Honduras como territorio de tránsito hacia otros destinos.

Uno de los aspectos más sensibles de la indagación es la revisión de aproximadamente 400 visas consulares concedidas a extranjeros bajo la categoría de inversionistas durante los últimos cuatro años.

Los diputados buscan establecer si estos documentos fueron emitidos conforme a los procedimientos legales y si las personas beneficiadas desarrollaron efectivamente las actividades económicas que justificaron su ingreso.

El presidente de la Comisión de Migración, Lenin Valeriano, explicó que los legisladores sostuvieron reuniones con representantes de Seguridad, el Instituto Nacional de Migración y la Cancillería para obtener documentación.

“Hemos identificado el tema de las visas diplomáticas que fueron extendidas a ciudadanos chinos con el fin de que fueran inversionistas. El Instituto Nacional de Migración nos ha pedido que también verifiquemos el ingreso de manera irregular y de otros que sus permisos están vencidos”, expresó Lenin Valeriano, presidente de la Comisión de Migración.

Los hallazgos preliminares apuntan a un incremento considerable del flujo de ciudadanos chinos desde 2023, año en que Honduras estableció relaciones diplomáticas con la República Popular China. También se identificaron situaciones de permanencia irregular y permisos vencidos. Sin embargo, para determinar la magnitud real del problema será necesario distinguir entre registros de ingreso, personas diferentes, residentes legales, visitantes temporales y extranjeros que abandonaron el país.

La controversia también plantea interrogantes sobre la coordinación entre las instituciones encargadas de autorizar visas, registrar entradas y salidas, y supervisar las actividades de extranjeros. Una investigación de esta naturaleza no solamente debe establecer si hubo incumplimientos individuales, sino identificar posibles debilidades en los procedimientos de control. Por esa razón, las comisiones solicitaron la intervención del Ministerio Público y la Agencia Nacional de Investigación para determinar si existen responsabilidades administrativas o penales.

El componente comercial amplió el alcance del escándalo. Asociaciones de micro, pequeños y medianos empresarios denunciaron el crecimiento acelerado de establecimientos de capital chino en distintas ciudades hondureñas, especialmente en Tegucigalpa y Comayagüela. Sus preocupaciones se concentran en presuntas prácticas de competencia desleal y en las condiciones bajo las cuales operan estos negocios. No obstante, la apertura de comercios extranjeros es una actividad legítima cuando cumple las mismas obligaciones tributarias, laborales y municipales exigidas a los empresarios nacionales.

“Nos han denunciado muchos microempresarios y pequeños emprendedores que se han visto afectados con sus negocios, creo que es un tema de balancear la competitividad comercial en nuestro país sin menoscabar la inversión extranjera”, afirmó Valeriano.

Para abordar esa dimensión, los legisladores programaron reuniones con la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) y la Secretaría de Desarrollo Económico, con el propósito de examinar los permisos de operación otorgados por las alcaldías. Estas gestiones podrían ayudar a establecer si los negocios cuestionados cumplen los requisitos nacionales o si existen irregularidades que ameriten sanciones.

El nombre “Chinazo 3.0” incorpora una carga histórica que intensifica la polémica. La expresión recuerda un escándalo de la década de 1990, cuando se denunciaron ventas irregulares de nacionalidades hondureñas a ciudadanos asiáticos mediante decretos legislativos. En 2026, el término volvió a circular por señalamientos relacionados con la contratación de trabajadores chinos y posteriormente fue utilizado por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, para referirse a la investigación migratoria.

El debate también tiene una dimensión diplomática. La investigación ocurre después del acercamiento de Honduras a Pekín y en medio de discusiones sobre la posibilidad de revisar las relaciones con China o restablecer vínculos con Taiwán.

 

 

 

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