Decenas de nicaragüenses expulsados de su país exigieron a los miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que declaren ilegítimo el gobierno del dictador Daniel Ortega y que ignoren las pretensiones de Brasil, uno de los miembros participantes de la 53a. reunión del organismo internacional, de querer suavizar una condena por los constantes atropellos a los derechos humanos por parte del régimen.
En una carta titulada “Rechazo a maniobras de Brasil”, 56 ciudadanos que se declaran “desnacionalizados”, dicen respaldar “la propuesta original de declaración, presentada por los 5 países integrantes del Grupo de Seguimiento sobre la crisis de Nicaragua ―que padecemos desde 2018― y que deberá ser aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en los próximos días”.
“Asimismo, rechazamos los intentos de la delegación diplomática brasileña, que pretende suavizar los términos con que la Declaración había sido redactada”, agrega.
#LoÚltimo @Almagro_OEA2015 sobre #Nicaragua resolución de la OEA espera que "dé resultados que la gente necesita". pic.twitter.com/LtWDIhzfmP
— NicaraguaActual (@NicaraguaActual) June 20, 2023
Los firmantes aclaran que son víctimas de la dictadura por pensar distinto al régimen, por exigir justicia, democracia y libertad, y que esto les ha costado desde encarcelamientos hasta el decomiso de todas sus propiedades por parte del régimen.
“Somos víctimas de la eliminación de nuestros nombres de los registros públicos; de la prohibición a perpetuidad de ejercer nuestros derechos civiles y políticos; de la confiscación de nuestros patrimonios; de la cancelación de nuestros pasaportes y el pago de pensiones”.
Nicaragua vive desde el 2018 una profunda crisis político-social, cuando el gobierno reprimió con balas varias protestas populares. Al menos 300 personas fueron asesinadas por las fuerzas de la dictadura.
Tras eso, el régimen comenzó la persecución de los opositores y encarceló a políticos, empresarios, periodistas y hasta religiosos, entre ellos el obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel en un remedo de juicio.
