Las propiedades, ubicadas en playa Gavilán, una de las zonas costeras más exclusivas del país, fueron ocupadas a finales de agosto por funcionarios del INSS en ausencia de sus dueños, quienes utilizaban las casas para vacacionar.
Los afectados calculan que las viviendas valen entre 500,000 y 800,000 dólares cada una.
Según Confidencial, el organismo ofreció posteriormente a los propietarios alquilarles sus propias casas por $2,000 dólares mensuales, después de despojarlos de sus bienes y pertenencias.
«Nos quitan nuestras casas y luego nos las quieren alquilar, es una burla», declaró uno de los afectados al medio digital, que cifra en unos 15 millones de dólares el valor conjunto de las propiedades y otros bienes.
Una práctica que se extendió desde 2018
Los nueve estadounidenses llegaron a Nicaragua a comienzos de los años 2000 y concluyeron la construcción de sus viviendas una década después. Según sus testimonios, pagaron los impuestos correspondientes y renovaron anualmente los contratos de arrendamiento de los terrenos estatales donde edificaron las casas.
Confidencial informó de que la Embajada estadounidense en Managua conoce numerosos casos de confiscaciones de propiedades a ciudadanos de ese país.
Un portavoz del Departamento de Estado lamentó el irrespeto reiterado a los derechos de propiedad y recordó las advertencias sobre los riesgos de invertir en Nicaragua.
La confiscación de bienes se remonta al primer Gobierno sandinista de los años ochenta, cuando los sandinistas ocuparon propiedades de funcionarios públicos y allegados a la dinastía Somoza.
Producto de ello, el mismo dictador Daniel Ortega y su familia ocupan una casa robada al ex banquero somocista Jaime Morales Carazo, quien luego se alió al régimen.
Y desde las protestas de 2018, el régimen ha extendido esa práctica a organizaciones no gubernamentales clausuradas, instituciones religiosas, medios de comunicación, universidades, presos políticos desterrados y otros opositores.
Lea también: EE UU llama a sus ciudadanos a reportar confiscaciones en Nicaragua
Donaciones para el Seguro Social
La entrega de propiedades al INSS ocurre mientras la institución afronta una prolongada crisis financiera, producto de la corrupción estatal y al mal manejo administrativo.
Según recuentos publicados por La Prensa, entre 2024 y junio de 2026 el INSS recibió al menos 228 propiedades confiscadas y posteriormente otras 19.
Pese a las transferencias estatales y a la incorporación de esos bienes, el seguro social continúa bajo presión financiera.
Entretanto, los nueve jubilados estadounidenses esperan recuperar las viviendas en las que proyectaban disfrutar su retiro.
