Washington reaccionó a la ola de abusos de derechos humanos arreciados por la dictadura de Nicaragua, anunciando la restricción de visado de ingreso a 100 funcionarios municipales, notificó el secretario de Estado, Antony Blinken.
“El día de hoy el Departamento de Estado está tomando medidas adicionales para promover la rendición de cuentas ante los incesantes ataques del régimen Ortega-Murillo contra las libertades civiles y la democracia”, dijo el funcionario estadounidense a través de su cuenta en Twitter (X).
El comunicado, emitido por el portavoz del Departamento de Estado, anuncia las razones y enumera algunas: la anulación de organizaciones de la sociedad civil, el encarcelamiento arbitrario del obispo Rolando Álvarez y la reciente confiscación y asalto de la jesuita Universidad Centroamericana.
100 funcionarios municipales sin visa
“Las medidas que ha adoptado para imponer restricciones de visado a 100 funcionarios municipales nicaragüenses que participaron en los esfuerzos por reprimir a las organizaciones de la sociedad civil, cerrar espacios cívicos como el de la Universidad Centroamericana y detener injustamente a individuos valientes que apoyan una sociedad civil libre, incluyendo al obispo Rolando Álvarez, encarcelado por el régimen Ortega-Murillo desde hace un año”.
Según Blinken, estos funcionarios y sus habilitadores “permitieron o facilitaron campañas violentas, detenciones injustas y restricciones a los derechos humanos y a libertades fundamentales”.
El alto funcionario de la administración del presidente Joe Biden anunció a la vez que “seguiremos trabajando con la comunidad internacional para promover la rendición de cuentas de quienes amenazan la democracia en Nicaragua, y mantenemos nuestro compromiso de promover las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense y el respeto a sus derechos humanos”.
La Casa Blanca explica que la medida fue adoptada de conformidad con la Proclama Presidencial 10309, “que suspende la entrada a los Estados Unidos, como inmigrantes y no inmigrantes, a personas responsables de políticas o acciones que amenazan la democracia en Nicaragua”.
Anuncio de más sanciones por Nichols
El anuncio de Blinken también fue replicado por Brian Nichols, responsable de Latinoamérica en el Departamento de Estado, quien se refirió específicamente al caso del obispo a través de la red social X (antes Twitter).
En concreto, Nichols compartió una imagen en la que se ve a Álvarez de rodillas, con las manos en alto, acompañada por la petición: «Libertad inmediata e incondicional para monseñor Rolando Álvarez».
Además, condenó la detención «arbitraria» del obispo y criticó que se le sentenciara a 26 años de prisión, junto con la revocación de su nacionalidad, «simplemente por predicar justicia y paz para Nicaragua».
«Seguiremos promoviendo la rendición de cuentas por estos abusos flagrantes a los derechos humanos», prometió Nichols.
Estados Unidos ha aplicado sanciones individuales e institucionales a funcionarios y entes bajo control de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, señalados en sendos informes internacionales como responsables de crímenes de lesa humanidad contra la población nicaragüense.
La pareja dictatorial ordenó en 2018 reprimir las protestas sociales con fuego y asesinó a 355 personas, hirió a más de 2,000, detuvo, torturó y condenó a más de 1,000 personas y sus políticas represivas han provocado el exilio y desplazamiento de más de 750,000 personas.
