El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció el miércoles la derogación de la norma técnica sobre el aborto emitida en 2019 durante el gobierno de Carlos Alvarado, y firmó un nuevo decreto que restringe aún más el acceso a este procedimiento en el país.
La nueva disposición elimina la posibilidad de realizar abortos en casos donde esté comprometida la salud de la mujer, una definición basada en los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En su lugar, el decreto limita el procedimiento exclusivamente a situaciones en las que esté en riesgo la vida de la madre o del no nacido.
“Hoy la única razón por la cual se puede hacer un aborto sin sanción penal en Costa Rica es proteger la vida de la madre”, declaró Chaves durante una conferencia de prensa en la capital costarricense. “Me enorgullece haber derogado la norma que existía”, afirmó el mandatario.
Chaves explicó que tomó la decisión tras recibir recomendaciones de asesores jurídicos y expertos internacionales, quienes alertaron que una interpretación más amplia de la normativa podría dar lugar a presiones legales internacionales para permitir el aborto libre en el país.
“Tuvimos paciencia, prudencia, y una vez clarificadas las dudas, cumplí mi palabra”, manifestó Chaves. La derogación ocurre días después de que el presidente prometiera realizar este cambio antes del 15 de octubre, durante una jornada de oración organizada por la Alianza Evangélica.
La norma técnica anterior, firmada el 12 de diciembre de 2019 por el expresidente Carlos Alvarado y el entonces ministro de Salud, Daniel Salas, buscaba regular el artículo 121 del Código Penal, el cual permite el aborto únicamente cuando la vida o la salud de la mujer estén en peligro y no pueda evitarse por otros medios.
Grupos conservadores y religiosos habían criticado la normativa de 2019, considerándola una vía hacia la legalización del aborto libre. Por su parte, la Alianza Evangélica celebró el nuevo decreto, calificándolo como una “oportunidad para unirnos alrededor del valor de toda vida humana”, según expresó su presidente, el pastor Ronald Vargas.
No obstante, sectores defensores de los derechos humanos rechazaron la decisión. Laura Valenciano, activista de la organización ACCEDER, lamentó que “una vez más, las mujeres y personas con capacidad de gestar cargan con el peso de que se negocien sus derechos a cambio de votos”.
Valenciano denunció además que durante la administración de Chaves no se ha registrado ningún aborto bajo la excepción legal vigente y exigió que se presenten datos oficiales al respecto.
Costa Rica mantiene una legislación altamente restrictiva sobre el aborto, al igual que otros países centroamericanos como El Salvador, Nicaragua y Honduras, donde existen prohibiciones totales. En contraste, países como Argentina y México han avanzado en su legalización en los últimos años.
