El triunfo de la revolución Sandinista en Nicaragua en julio de 1979 marcó un hito en la historia de América Latina. Una insurrección cuyo liderazgo era una mezcla de Marxistas y reformistas unido en el esfuerzo de derrocar la dictadura dinástica de la familia Somoza, logró una victoria audaz a pesar del apoyo al régimen por Estados Unidos, hasta el último momento.
Dos décadas después de la victoria de la Revolución Cubana, el Sandinismo, en la figura de Daniel Ortega y su hermano Humberto, parecía abrir una nueva ventana hacía un futuro de autodeterminación más democrático y menos atado al modelo neocolonial de EEUU y con más libertad que el modelo de socialismo soviético ortodoxo impuesto en Cuba.
A 47 años de ese triunfo histórico, en un mundo totalmente cambiado con la caída del Muro de Berlín, el fin de las guerras civiles y un nuevo orden mundial, el sueño del Sandinismo queda como cenizas flotantes en una pesadilla que no termina. Lo único que perdura a través del tiempo es la figura de Daniel Ortega y su compañera y co-presidente Rosario Murillo, quienes asesinaron o desterraron casi todo el liderazgo histórico de la revolución, incluyendo el encarcelamiento y asesinato del propio Humberto Ortega, hermano del presidente y por décadas su brazo derecho. Juntos han creado uno de los estados más represivos del mundo, comparable a los regímenes dictatoriales de Corea del Norte y Myanmar.
El Sandinismo, dirigido por Ortega, regresa al poder en 2007, después de perder las elecciones históricas de 1990 que llevó a un proceso de paz y reconciliación a medias y sin raíces profundas, con gobiernos sucesivos de derecha que alarmaron por su corrupción masiva y obstaculizados en cada paso por Ortega y el ala recalcitrante de FSLN.
Con su retorno al poder, ya casado con Rosario Murillo, Ortega se consolida como el modelo más importante del autoritarismo en Latinoamérica, una combinación de autoritarismo político y estado mafioso con los bienes del estado repartidos entre la familia gobernante.
Aprendiendo de las medidas de control de Cuba, la Venezuela de Hugo Chávez y sus aliados de la Revolución Bolivariana, Ortega no solo termina de manera tajante con la independencia judicial, la libertad de expresión, elecciones libres, y el libre movimiento. Crea, apoyado en sus aliados rusos y chinos, un estado de vigilancia sofisticada, con equipos de último modelo para asesinar, encarcelar y exiliar a quien sea que pueda ser considerado enemigo del estado (que ahora es identificado con el régimen Ortega/Murillo), incluyendo los que por años fueron sus más cercanos aliados en el Frente Sandinismo.
Con esta consolidación del poder, encarando las sanciones internacionales, el régimen se ha consolidado, no sólo en un poder dinástico en Nicaragua, sino como un modelo de autoritarismo eficiente de mano dura en la región. Nayib Bukele en El Salvador es el discípulo más fiel, copiando un sistema de inteligencia represiva, involucrando su familia en la gestión de los aparatos del Estado, sustituyendo a sus hermanos los hijos del matrimonio Ortega/Murillo. Por otra parte, el gobierno de Nasry Asfura en Honduras, con la influencia del expresidente narco Juan Orlando Hernández, indultado por Trump, encamina sus pasos en la misma dirección. El gobierno de Daniel Noboa en Ecuador, con sus estados de excepción, militarización y esfuerzos por quitar la independencia al Poder Judicial y la fiscalía, va por el mismo camino de creciente autoritarismo.
Además de la eficiencia cruel del modelo Ortega/Murillo, pareciera ser ideológicamente agnóstico. El régimen Ortega/Murillo se autodefine como socialista y de izquierda. Bukele, Asfura, Noboa y los otros autoritarios en ascenso se definan como partidarios de la nueva derecha MAGA de Trump. Pero en el fondo, es un modelo autoritario sin fondo ideológico, con la finalidad de aferrarse al poder por el máximo tiempo posible, crear una sucesión dinástica consolidada, y eliminar las partes, ya debilitadas, de la institucionalidad democrática y del estado de derecho.
Por eso, entender la fase del régimen Ortega/Murillo en Nicaragua, es fundamental para desentrañar los mecanismos de la expansión de regímenes autocráticos en el continente. Es el mapa que otros regímenes buscan o van a buscar replicar en sus respectivos países, pasos que sofocarían a los procesos imperfectos pero funcionales, de las democracias en el hemisferio. A continuación, veamos las características específicas de este modelo autoritario.
El Nuevo Régimen con los Hijos Ortega/Murillo
Nicaragua tiene ya un nuevo sistema político. Daniel Ortega y su régimen, impulsaron reformas constitucionales que transforman por completo la estructura política del país y consolida una dinastía familiar del tipo medieval en pleno siglo XXI.
Las reformas constitucionales fueron aprobadas en dos legislaturas, en septiembre del 2026, tras ser “consultadas” con sus partidarios y trabajadores del Estado, dentro del período comprendido entre el 27 de julio al 27 de agosto del 2026.
Básicamente, los cambios prohíben la extraterritorialidad de leyes extranjeras (lo que blinda a sus operadores, garantizando la impunidad en un contexto de acusaciones internacionales por delitos de lesa humanidad). Por otra parte, obstaculiza la participación electoral de la oposición y extiende de seis a siete años el período gubernamental, según detalla la publicación de La Gaceta, diario oficial, número 163 .
En palabras de un grupo de excolaboradores cercanos de Ortega, entrevistados para este informe, lo que se impulsó fue una transformación política profunda para culminar un proceso de transición del poder de una persona hacia una familia y comenzar con una nueva etapa en el que el estilo de gobernar deja de ser L’Éstat, c’est moi para convertirse en otro en el que L’Estat, c’est la famille.
Esta transición fue iniciada hace poco más de cinco años y promovida por una necesidad urgente de sucesión, motivado por la edad de los principales líderes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), cuyo núcleo central de liderazgo, oscila entre los 75 y 80 años, por lo que ya han entrado a la etapa final de sus vidas. Daniel Ortega, por ejemplo, cumplirá 81 años, en noviembre del 2026, y su esposa, Rosario Murillo, alcanzará los 76. Otro dirigente que llega a los 80 años es Lenin Cerna, el operador tras las sombras del grupo dirigente. Bayardo Arce Castaño, otro que mantenía un poder importante de decisión, cumplirá 78 años. Este último fue excluido del núcleo estratégico de mando cuando cayó en desgracia y ahora se encuentra preso en una cárcel de Managua.
Para entender las razones de fondo de estos cambios, se entrevistó a un grupo de personas y dirigentes que en el pasado fueron colaboradores cercanos del régimen. Les hemos asignado nombres ficticios por su seguridad, según solicitaron ellos mismos, principalmente porque residen en Costa Rica, país escenario de recientes atentados contra la vida de disidentes políticos exiliados, demostrando que el brazo largo de la represión del régimen dictatorial de Ortega puede alcanzar a disidentes y opositores, al más puro estilo de las dictaduras militares de los años setenta en Sudamérica, coordinados en el Plan Cóndor.
El riesgo que enfrentan es alto, según lo ha dejado establecido el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) en su informe Nicaragua: Persecución más allá de las fronteras , en el cual se describe y evidencia que el gobierno de Ortega tiene como objetivo la eliminación física de destacados líderes de la oposición en los países de exilio.
El resultado de esas entrevistas, más la realización de una investigación documental, apuntan a que los hijos de Ortega y Murillo heredarán una organización que pasó de partido político a una mafia de raigambre familiar, que ejerce gobernanza criminal en Nicaragua con implicancias en la corrupción pública, lavado de dinero y narcotráfico, explotación ilegal de recursos naturales y la extorsión a grupos económicos tradicionales, entre otras expresiones delictivas.
También heredan un imperio económico legal que tiene como base varias decenas de empresas, distribuidas en los sectores energéticos, telecomunicaciones, bienes raíces, medios de comunicación y minería metálica.
De esta forma, los Ortega Murillo han sido identificados como el grupo económico emergente de más rápido crecimiento. En 19 años, la familia pasó de tener casi 400 mil dólares de patrimonio declarado ante la Contraloría General de la República, a cifras que oscilan entre los 2,500 y 5,000 millones de dólares, según cálculos de un conocido economista nicaragüense que le ha dado seguimiento a este tema.
El auge de los hermanos Ortega Murillo
El auge de los hermanos Ortega Murillo, como agentes políticos y de apoyo en la administración de sus padres, se comenzó a concretar con fuerza a partir del año 2021, aunque algunos de ellos, como Laureano y Camila Ortega Murillo, han tenido funciones gubernamentales desde el 2012. Desde entonces, seis de los ocho hijos han sido sancionados por EEUU, cuatro de los ocho hermanos, por la Unión Europea, y dos de ellos por Canadá.
Según Alejandro Villanueva, un exjuez y colaborador cercano de Daniel Ortega, todos los nombramientos oficiales de los hijos de la pareja presidencial tienen el objetivo de preparar la opinión pública para la sucesión del líder central.
Esta estrategia, que se planificó en el seno de la Secretaría General del FSLN, tiene por objetivo la promoción de los hijos de Ortega como figuras claves de una nueva administración partidaria y de gestión gubernamental. Esto devela un claro movimiento de sucesión de la dinastía familiar.
De esta forma, Laureano se perfila como el delfín escogido por la pareja gobernante para llevar el poder formal. A él se le otorgaron poderes para suscribir con China el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y, desde entonces, ha fungido como canciller de facto, en violación a la Ley del Servicio Exterior de Nicaragua. Para entonces ya había sido nombrado asesor presidencial para las inversiones, comercio y cooperación internacional. Con posterioridad, fue nombrado representante especial para los asuntos con Rusia. Por eso, según Villanueva, la firma de convenios que ha suscrito Laureano, difundidos con gran pompa por los medios oficialistas, tienden a promover a éste como un agente de desarrollo del país”, explica la fuente.
En 2022 se le otorgaron plenos poderes a Camila para suscribir memorándum de entendimiento con el Centro de Intercambio Cultural China-América Latina ( Acuerdo Presidencial 179-2022 ). Además, se ha convertido en una de las principales asistentes de su madre en los eventos públicos que realiza Daniel Ortega.
Consolidación económica
Un analista muy destacado, a quien llamaremos Mario Arteaga, por razones de seguridad, asegura que, para lograr la influencia política actual, los hermanos Ortega Murillo primero jugaron un papel primordial en la consolidación financiera de la familia. En esta operación, la cooperación petrolera de Venezuela fue el detonante de la riqueza que acumularon. Según informes oficiales del Banco Central de Nicaragua, esa cooperación alcanzó 4,800 millones de dólares en el período del 2008 al 2014, administrados principalmente por el consorcio Albanisa, la contraparte de la petrolera venezolana PVDSA dentro del convenio internacional Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
“Los fondos adquiridos en este contexto fueron manejados discrecionalmente y generó diversas empresas que se crearon al amparo de los hermanos Ortega Murillo. Fue el capital que se usó de forma corrupta para catapultar a la familia a las élites empresariales millonarias tanto nacional como a nivel del istmo centroamericano”, asegura Arteaga.
Lo que está documentado sobre los negocios de esta familia, son 22 empresas que se distribuyen, según sus giros, en los sectores energéticos, principalmente la importación y distribución de combustible; telecomunicaciones; medios de comunicación y publicidad; sector servicios; minería metálica y fundaciones privadas.
La lista anterior, corresponde fundamentalmente al mapa empresarial documentado alrededor de los años 2021-2022, que algunos medios de comunicación de Nicaragua describen como un entramado de al menos 22 sociedades, con 18 ejecutivos y cinco abogados actuando como accionistas o representantes. Un elemento especialmente relevante es que las investigaciones periodísticas encontraron que los hermanos Ortega Murillo, generalmente no figuraban como accionistas en las escrituras, sino que el control se ejercía mediante testaferros, personas de confianza, que aparecían formalmente como propietarios.
La expansión hacia el oro
Otro detalle relevante, que vale la pena destacar aquí, es que la lista anterior, tampoco incluye las empresas del sector minero que fueron constituidas en sociedad con empresarios chinos principalmente después del año 2020. Entre éstas, destacan Capital Mining Investment Nicaragua S.A. y el Grupo Minero Xiloá S.A. (Grumixsa). Ambas fueron sancionadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que señaló que estos giros de negocios permitían el financiamiento de la represión política en Nicaragua.
En el caso de Capital Mining, las autoridades estadounidenses identificaron dentro del razonamiento de las sanciones, que las operaciones de esta entidad estaban controladas directamente por Laureano Ortega Murillo y Salvador Mansell Castrillo, este último, ministro de Energía y Mina, el organismo que otorga las licencias y concesiones para la explotación del oro.
“Este es el esquema funcional en el gobierno de Nicaragua. Empresas creadas por funcionarios públicos y testaferros que, al amparo del tráfico de influencias y la corrupción, generan ganancias millonarias que no se pueden medir, porque desaparecen en la opacidad del régimen”, explica Arteaga.
Así, Grumixsa es la empresa dedicada al acopio del oro extraído artesanalmente por cooperativas de mineros. Estos grupos de mineros están controlados por el FSLN de Daniel Ortega a través del Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo.
De esta forma, un gran número de mineros artesanales ha invadido los territorios indígenas, causando violencia y muerte dentro de un conflicto por la propiedad que tiene como denominador común la extracción del oro en áreas no concesionadas a la industria formal. Según el diario La Prensa reportó que URBISA, una de las sociedades históricas de la red Ortega-Murillo, aparece como socia de Grumixsa.
Otra de las empresas, parte de esta red, es Exportadora de Metales, S.A. (EMSA) — compra oro sin refinar, lo funde/procesa y lo vende a granel en mercados internacionales, incluido EE. UU. Está controlada a través de testaferros, como Edward Edén Irías Pastora, sobrino del comandante guerrillero Edén Pastora, fallecido en 2020.
Negocios con chinos
El otro grupo de empresas del oro, que los medios han vinculado a la familia Ortega Murillo, son sociedades manejadas por chinos, entre las que destacan:
Thomas Metal, S.A. — empresa dedicada a la minería de metales no ferrosos, particularmente vinculada a concesiones auríferas.
Nicaragua Xinxin Linze Minería Group, S.A. — empresa aurífera con concesiones mineras. Estados Unidos ha señalado, a través de informes oficiales, que exportó más de US$25 millones en oro a ese país durante 2025.
Brother Metal, S.A. — empresa minera aurífera con concesiones otorgadas por el régimen.
Zhong Fu Development, S.A. — empresa dedicada principalmente al comercio de oro; fue vinculada por el Tesoro estadounidense a la ocupación de una planta minera perteneciente a BHMB.
Santa Rita Mining Company, S.A. — empresa minera vinculada por EE. UU. al mismo entramado aurífero.
Suministro y Montaje Electromecánico — sociedad que aparece en investigaciones de 2026 junto a Capital Mining y Grumixsa en la estructura utilizada para operar el negocio aurífero.
El área total, el territorio concesionado a las “empresas chinas”, asciende a 1,277,389 hectáreas (12,774 kilómetros cuadrados); es decir, el 10 por ciento del territorio total del país.
Según una fuente autorizada, consultada para esta investigación, “En realidad, las empresas consideradas como chinas, parecen responder a un esquema de negocios fachada, que esconden a los verdaderos dueños, y que podrían ser los Ortega Murillo. La idea de poner a manejar a los chinos, o hacerlos socios, es evitar mayores sanciones de las autoridades estadounidenses”, explicó Rómulo Montero, empresario de la minería a quien identificamos con ese nombre por seguridad,
El propio Tesoro estadounidense describe desde 2020 una red de empresas y testaferros en el sector minero administrada por Laureano Ortega y Salvador Mansell, orientada, según Washington, a generar divisas y canalizar beneficios hacia personas vinculadas al régimen.
De partido político a mafia
El otro aspecto de la “herencia” del poder político y económico que recibirán los hijos de Daniel Ortega, apunta hacia una “zona roja”. Si bien la riqueza “legal” de esta familia se fundamenta en la corrupción y la cooperación venezolana, el tráfico de influencias y extorsión a empresarios privados existe una estructura dentro del FSLN que se ha encargado de las operaciones ilícitas en la consecución de fondos personales y de financiamiento del partido gobernante.
Según asegura Ángela Gutiérrez, una cercana colaboradora a quien hemos llamado así por razones de seguridad, “… gran parte de los capitales emergentes actuales, como los de la familia Ortega y sus más cercanos colaboradores, provienen del lavado de dinero del narcotráfico. Para nadie ya es un secreto que Nicaragua, desde que asumió Ortega en el 2007, se convirtió en una zona logística para el tráfico de drogas que pertenecía principalmente a las disidencias de las FARC, en Colombia; y del chavismo en Venezuela”.
En la década de 1980 del siglo pasado, el FSLN sostuvo cooperación con organizaciones consideradas terroristas entonces: Brigadas Rojas, de Italia; ETA, del País Vasco, España; y el IRA, de Irlanda del Norte, entre otras.
Gutiérrez, se encuentra actualmente exiliada en un país de Europa, que pidió no lo identificamos por temor a las redes transnacionales que Ortega mantiene en ese continente.
De acuerdo con esta fuente, durante la primera visita del fallecido Hugo Chávez Frías a Nicaragua, ocurrida durante la toma de posesión de Ortega, el 10 de enero del 2007, ambos jefes de Estado discutieron la posibilidad de usar el tráfico de drogas como un arma política contra los Estados Unidos.
En ese sentido, se pretendía inundar con drogas las calles de las ciudades estadounidenses y, a cambio, los regímenes de izquierda de Latinoamérica (Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela), integrantes del ALBA, obtendrían ganancias económicas y repercusiones políticas funcionales a su estrategia.
“Detrás estaba Cuba, esa idea era de los cubanos. Por eso Chávez y Nicaragua estuvieron controladas por las redes de la inteligencia cubana. Debido a estos acuerdos, Daniel Ortega restringe las operaciones de la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos) en el país”, detalla Gutiérrez.
Diversos medios de comunicación destacaron cómo el gobierno de Ortega restringió la colaboración de la Policía Nacional con la DEA. Para ese año, se debilitaron y cerraron los canales internos de recopilación de datos y unidades de investigación que servían de enlace directo con las agencias estadounidenses. Desde entonces, una estructura conocida como “la paralela”, se convirtió en el aparato logístico principal del tráfico de drogas de los cárteles de Sudamérica.
Marlon Gerardo Sánez Cruz, conocido en las redes sociales como “El Chino Enoc”, un ex miembro de la contrainteligencia sandinista en la década de 1980, y luego, cercano colaborador de Lenin Cerna, ha identificado esta estructura como la Secretaría Nacional de Organización Territorial (SNOT).
En su video de Youtube del 11 de marzo del 2025, explicó que Cerna, a quien identifica como “el jefe de jefes”, estaba en ese momento a cargo de la SNOT o “la paralela” y, a través de ella, coordinaba las relaciones con el crimen organizado.
En la década de 1980, Cerna fue el director de la temida Dirección General de la Seguridad del Estado (DGSE), cuyos miembros fueron entrenados por Cuba y los países del antiguo bloque soviético en contrainteligencia y espionaje Ese organismo, fue el responsable de la represión política en esos años y sus miembros cometieron delitos de lesa humanidad. La DGSE fue disuelta en 1990 tras el triunfo electoral de Violeta Barrios. Sus principales miembros pasaron a trabajar para la SNOT del FSLN, bajo la coordinación de Cerna y Daniel Ortega.
El ajedrecista nica
En su libro, Búmeran Chávez, el periodista Emili Blasco, ofrece detalles sobre el papel que jugó Nicaragua en el tráfico de drogas del Cártel de los Soles. El libro se fundamenta en las declaraciones brindadas a la justicia estadounidense por Leamsy Salazar, ex oficial de la Armada de Venezuela y ex jefe de seguridad de Hugo Chávez y Diosdado Cabello.
Blasco, revela que Daniel Ortega habría jugado al ajedrez ante la propuesta venezolana de convertir al país en una plataforma logística para el tráfico de cocaína de esa organización criminal. Mientras permitía las operaciones de interdicción de la DEA y el Servicio de Guardacostas estadounidenses en aguas territoriales del caribe nicaragüense, consentía el tránsito de drogas por el Pacífico.
Por esa presunta colaboración, Ortega habría exigido un pago en efectivo y no en drogas porque, esto último, implicaría un problema para el país: incremento del mercado interno, crecimiento de estructuras locales y competencia por mercado que terminaría en violencia criminal e inseguridad epidémica.
Según Blasco, la participación de Ortega habría sido periférica y habría consistido en ocultar la información a las autoridades estadounidenses, mientras estructuras logísticas brindaban apoyo al transporte de cocaína en el Pacífico nicaragüense. El resultado fue la reducción en la incautación de drogas y el incremento en la incautación de dinero en efectivo
Nicaragua se convirtió así, en el país centroamericano que menos cargamentos de cocaína incautaba. Los registros indican que de las 250 toneladas que los países centroamericanos confiscaron del 2018 al 2022, Nicaragua decomisó menos del dos por ciento.
Sin embargo, reportes de organismos como Insight Crime aseguran que el dinero decomisado al narcotráfico entre 2018 y 2021 aumentó un 151 por ciento en comparación con los primeros años del gobierno de Daniel Ortega (2007-2011), sumando casi 60 millones de dólares solo en ese lapso de tres años.
* El trabajo para este artículo fue con el apoyo de Resilience Collaborative (www.resilience-collaborative.org)