Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) urgieron al régimen sandinista de Nicaragua a poner fin a la detención arbitraria del obispo de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez Lagos, tras el destierro de 12 sacerdotes católicos el pasado 18 de octubre de 2023.
La preocupación de la ONU se enmarca en los patrones sistemáticos de hostigamiento contra miembros de la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas por parte de la dictadura nicaragüense, en el contexto de la crisis de derechos humanos que ha afectado al país desde 2018, con señalamientos de persecución contra la iglesia católica por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En una comunicación oficial enviada al régimen sandinista el 2 de agosto de 2023, los expertos expresaron su gran inquietud por las restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de religión o creencias y el hostigamiento de organizaciones religiosas en el país.
Denunciaron medidas de represión que incluyen detenciones arbitrarias de sacerdotes y laicos, deportaciones forzosas de monjas y frailes, prohibiciones de entrada al país a religiosos católicos, criminalización de actividades pastorales y prohibición de ceremonias religiosas, entre otras aberraciones.
Se estima que desde 2022, las autoridades nicaragüenses han cancelado la personalidad jurídica de más de 3,500 organizaciones sin ánimo de lucro, más de 320 de las cuales serían de carácter religioso.
Entre las afectadas se encuentra la histórica Universidad Centroamericana (UCA), dirigida por la orden católica de la Compañía de Jesús, cuya personalidad jurídica fue cancelada en agosto de 2023 y sus instalaciones fueron confiscadas por la dictadura.
También se habría cancelado la personalidad jurídica de 2 universidades cristianas evangélicas y de otra asociada con la Iglesia Católica, así como la confiscación de edificios, oficinas, orfanatos, clínicas y asilos de ancianos regidos por congregaciones cristianas.
Los expertos subrayaron que estos actos son contrarios al derecho internacional y forman parte de un patrón más amplio de represión contra diferentes componentes de la sociedad civil nicaragüense, especialmente hacia personas o entidades percibidas como críticas a la dictadura.
Esta situación estaría vulnerando seriamente, entre otros, los derechos humanos a la libertad de religión o creencias, a la libertad de asociación y a la libertad de expresión y opinión, por órdenes expresas de los dictadores Ortega y Murillo.
En cuanto a monseñor Rolando José Álvarez Lagos, los expertos expresaron una profunda preocupación por su situación de detención arbitraria en régimen de aislamiento y condiciones que contravienen gravemente las Reglas de Nelson Mandela.
Desde los Diálogos Nacionales de 2018, monseñor Álvarez se ha destacado por sus llamados a la liberación de los presos políticos y a la pacificación y reconciliación entre los nicaragüenses.
Los expertos denunciaron la severa condena de 26 años impuesta sin juicio previo, incluyendo la pérdida de sus derechos de ciudadanía y nacionalidad, confiscación de sus bienes y congelación de cuentas personales.
El 18 de octubre de 2023, todos los sacerdotes católicos que habían sido arrestados como parte de la reciente represión contra la Iglesia Católica, con la excepción de monseñor Álvarez, fueron puestos en libertad.
Su liberación y exilio forzado a Roma fueron acordados con la Santa Sede, según un comunicado del régimen dictatorial de Nicaragua.
