Las opositoras nicaragüenses Ana Margarita Vijil, Tamara Dávila y Dora María Téllez, desterradas por el régimen de Daniel Ortega y nacionalizadas españolas, presentaron una querella ante la Audiencia Nacional contra el canciller sandinista, Valdrack Jaentschke.
Las denunciantes acusan al “cocanciller” de coacciones, amenazas y delitos patrimoniales que, según sostienen, constituyen terrorismo de Estado.
La acción coincide con la presencia en Madrid del funcionario del régimen sandinista, delegado por los dictadores Ortega Murillo para la XXX Cumbre Iberoamericana.
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Una ventana jurisdiccional
La estancia de Jaentschke en territorio español permitió que el Centro Guernica 37, despacho especializado en derechos humanos, asumiera la representación legal de las tres exprisioneras políticas.
Vijil, Dávila y Téllez permanecieron encarceladas entre 2021 y 2023, antes de ser desterradas en un avión a Estados Unidos
Por ello, la ofensiva judicial busca que el alto funcionario responda por la persecución que sufrieron dentro y fuera de Nicaragua.
En ese sentido, Dávila explicó que presentaron la denuncia como ciudadanas españolas afectadas directamente por actos del canciller de la dictadura.
Le atribuyen responsabilidad en delitos de naturaleza terrorista ligados a la persecución política que ejecutan dentro y fuera de Nicaragua Ortega y Rosario Murillo.
Las 3 opositoras figuraron entre los 222 presos políticos que Managua excarceló y expulsó a Estados Unidos en febrero de 2023, tras lo cual España les ofreció su nacionalidad.
“No van a tener paz”
Por su parte, Téllez pidió que los jueces españoles actúen contra Jaentschke “ahora que todavía está en territorio del Estado español”, antes de que abandone el país al término de la cumbre.
Asimismo, advirtió a los delegados del régimen nicaragüense que “no van a tener paz en ninguna parte donde vayan” y aseguró que las víctimas usarán todos los instrumentos de justicia a su alcance para lograr sanciones.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), de la ONU, ha señalado la participación de Valdrack Jaentschke y de otras 53 personas del círculo de poder orteguista en graves violaciones de derechos humanos.
Según ese grupo, Jaentschke ejecutó labores de inteligencia y utilizó las embajadas nicaragüenses para coordinar la represión transnacional contra opositores en el exilio.
Además, la opositora Unión Democrática Renovadora (Unamos) respaldó la querella y advirtió que los dirigentes de la dictadura y “su círculo de represores” enfrentarán la justicia por los crímenes cometidos.
Managua pide levantar sanciones
Mientras tanto, Jaentschke reclamó este jueves en la sesión plenaria de la cumbre “la eliminación de todas las medidas coercitivas unilaterales que atentan contra el desarrollo de los pueblos”.
De igual forma, el canciller del régimen defendió el derecho de cada país a decidir su modelo político “sin imposiciones extranjeras” y presentó a Nicaragua como una “zona de paz” donde el diálogo debe prevalecer sobre las diferencias.
Con esa demanda, el diplomático aludió a las sanciones vigentes de Estados Unidos y la Unión Europea contra personas y entidades nicaragüenses a las que Washington y Bruselas acusan de participar en la represión.
