El Congreso Nacional de Honduras espera la opinión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para avanzar con reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal. La iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Seguridad, como parte de una estrategia contra el crimen organizado.
Las modificaciones están dirigidas principalmente contra integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y el denominado Cartel del Diablo, organizaciones declaradas terroristas por las autoridades hondureñas.
Uno de los cambios más importantes eliminaría la posibilidad de obtener libertad condicional tras cumplir la mitad de una condena por terrorismo. Por ejemplo, una persona sentenciada a 20 años de prisión tendría que permanecer encarcelada durante todo ese período, sin acceder a mecanismos de preliberación.
La propuesta también contempla ampliar de 24 a 48 horas el plazo para presentar requerimientos fiscales después de una captura. El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, argumentó que esta modificación permitiría realizar investigaciones más completas en casos vinculados con estructuras criminales.
Otra medida facultaría a la Policía Nacional y a la Policía Militar para ejecutar allanamientos sin una orden judicial previa en determinadas operaciones contra pandillas. Según Zambrano, estos procedimientos requerirían coordinación con el Ministerio Público y quedarían sujetos a revisión judicial posterior.
Además, las autoridades buscan incorporar tatuajes relacionados con organizaciones criminales como elementos probatorios en investigaciones por presunta pertenencia a pandillas. Su vinculación con estos grupos tendría que ser respaldada mediante peritajes especializados.
El secretario del Congreso, Carlos Ledezma, explicó que la opinión de la Corte Suprema no será vinculante, aunque servirá para revisar los aspectos jurídicos de la iniciativa. El Legislativo espera avanzar con su discusión durante octubre, pero las reformas todavía necesitan aprobación parlamentaria para entrar en vigor.
