La magistrada de la Sala III de Casación Penal, Patricia Vargas González es la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica para el próximo período de cuatro años. Vargas fue elegida por mayoría luego de tres rondas de votaciones realizadas durante la mañana.
La magistrada, de 56 años, obtuvo los 12 votos necesarios para conseguir la Presidencia del Poder Judicial para el período 2026-2030 y será quien sustituya al presidente Orlando Aguirre. De esta forma, los tres órganos del Estado serán presididos por mujeres: el Ejecutivo con Laura Fernández, el Legislativo con Yara Jiménez y el Judicial con Vargas.
La nueva titular de la Corte se convirtió este lunes en la segunda mujer que preside esta entidad, solo después de Zarela Villanueva Monge, quien ocupó ese cargo entre 2013 y 2017.
Vargas tiene 25 años de experiencia en el Poder Judicial, donde fue defensora pública, trabajó en la judicatura de juicio y apelación y, luego llegó a ser magistrada. Es doctora en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca y es docente en la Universidad de Costa Rica (UCR) y en la Universidad Nacional (UNA).
Luego de oficializarse como la nueva presidenta de la Corte, Vargas ofreció una conferencia de prensa, donde dijo que
“Yo estoy convencida de que ese presupuesto no solo tiene roces de constitucionalidad, sino que supone un golpe muy duro para la vida democrática de nuestro país. Es un presupuesto que crea unas normas de ejecución presupuestaria que son exclusivas para el Poder Judicial, inéditas porque nunca se había visto cosa semejante”, dijo Vargas.
La funcionaria aseguró que el presupuesto condiciona $66 millones “a una serie de eventos o condiciones que no dependen” del Poder Judicial y que supone que el 2027 avance sin que cuenten con los recursos de ese ejercicio fiscal.
Las propuestas de Vargas
En la exposición de sus propuestas antes de la votación, Vargas dijo que entre sus prioridades está la atención al recorte de 10,000 millones de colones ($22.154 millones) y el congelamiento de 30,000 millones ($66.4 millones) en el presupuesto de 2027.
Además, dijo que trabajará en conservar 2,463 plazas de trabajadores operativos que podrían ser congeladas, entre ellas, 800 del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y 700 jueces, sin las que se tendría que proceder al cierre del Juzgado Penal Juvenil de Corredores.
Vargas dijo en la conferencia que defender estas plazas “no es defender intereses de la institución”, sino “porque hay oficinas lejos que se abren lejos para que la ciudadanía no tenga que recorrer largas distancias para interponer” procesos.
Por eso, adelantó que en su gestión seguirán la línea de defensa “del presupuesto que necesitamos para trabajar, que no estamos pidiendo más, hay que decirlo”, aunque dijo que será responsable de formular “un plan b” en caso que el gobierno no dé marcha atrás en los severos recortes.
Vargas también expuso que durante su período trabajará por implementar la inteligencia artificial para automatizar los procesos administrativos y de gestión que se requieren la institución para lograr reducir la mora judicial que se mantiene.
Asimismo, dijo que diseñará propuestas de reformas que llevará ante la Asamblea Legislativa para que solo los casos “estrictamente necesarios” lleguen hasta la etapa de juicio, pues este proceso acumula el 70 % de duración en los procesos penales.
