Nicaragua hierve. Y parece que esa olla de presión sigue tapada con un esfuerzo descomunal de una dictadura que no se toca el corazón para actuar. Su más reciente accionar contra los que disienten del régimen es arrestarlos y liberarlos 24 horas después, con la condición de que a diario tienen que someterse al martirio de llegar a una comisaría policial a firmar, algo así como darles cada día una cucharada de laxante. Incómodo y desesperante. Es hacerles ver cada día que si reclaman, les quebrarán el espíritu.
Y también está anulando títulos universitarios y hasta prohibiendo la crítica en redes sociales.
Todo esto, dice Arturo McFields, un periodista y ex embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), es una señal más de que Daniel Ortega, el dictador, se asfixia en el mismo infierno que él ha construido desde 2007, cuando asumió la presidencia.
“Ortega está desesperado, aislado de la comunidad internacional. Si bien es cierto el país entero es una gran cárcel para 7 millones de habitantes, Ortega también es prisionero de esa gran cárcel que construyó”, explica.
Y por eso, dice, hace lo que está haciendo: sometiendo desde cualquier ángulo posible a la oposición, machacando a personajes específicos para decirles a los demás, con ánimos de reclamarle al régimen, que si hablan o hacen algo, habrá castigo.
“Juega con el terror del pueblo”, añade McFields.
Sin embargo, reconoce, no por esto el dictador deja de ser peligroso.
“En este momento se está operando la institucionalización de un estado policial que consiste en la creación de un marco jurídico que justifica las políticas y acciones represivas y la reconfiguración de las instituciones pública para ese mismo propósito”, explica a Centroamerica 360 Elvira Cuadra, investigadora social y analista nicaragüense.
“Los ataques más recientes se enmarcan en ese contexto y el ‘menú’ de los repertorios represivos varía de tiempo en tiempo, dependiendo de las condiciones y del objetivo específico que se ha trazado el régimen de los Ortega-Murillo”, añade.
Impedir la resistencia o la protesta
El fin de semana los arrestos de opositores continuaron. Yolanda González fue detenida por segunda ocasión en Masaya. A Juan Carlos Martínez, un universitario, le ocurrió lo mismo pero en Nandaime.
Los policías llegaron a sus casas, registraron lo que pudieron y se los llevaron.
Los cargos, “sospechas de traición a la patria”, los favoritos del régimen para encarcelar a quien les incomoda. Ambos ya fueron liberados.
“Uno de los propósitos más importantes (de la dictadura) es impedir cualquier expresión de resistencia o protesta de parte de cualquier expresión de organización social dentro y fuera del país”, dice Cuadra.
Y por eso más de medio centenar de arrestos en la última semana y hasta la anulación de la Cruz Roja Nicaragüense y la confiscación de todos sus bienes. Esto último porque cuando hace 5 años el gobierno reprimió con violencia las protestas populares, los cruzrojistas brindaron auxilio a los heridos.
El alegato orteguista: ayudar a los opositores es violentar la neutralidad de la organización humanitaria.
“Obviamente, esa es una muestra de debilidad y no de fortaleza (de la dictadura)”, sostiene Cuadra.
Tiene miedo y no se expone
Daniel Ortega, aquel aguerrido guerrillero sandinista convertido en lo que en sus años de insurgencia combatió, un dictador, pareciera no sentirse seguro fuera de Managua. Por eso no recorre el país. Ni siquiera se atreve a salir de su mansión, a menos que sea para la plaza pública que controla, donde realiza sus actos, o al centro de convenciones donde monta sus discursos.
“Eso dice mucho”, sostiene McFields. Es una de las tantas muestras de debilidad que expone, según él.
“Ni siquiera asiste a las reuniones del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), a menos que las participaciones sean virtuales”, añade.
Y salir del país lo tiene descartado, a menos que sea para visitar La Habana, Cuba, y Caracas, Venezuela, donde están sus referentes y aliados.
Y nadie de otros gobiernos, excepto los que están en su frecuencia dictatorial, le visitan.
“Es parte del aislamiento internacional y eso cuenta”, sostiene McFields.
Presión internacional es necesaria
El activista y exprisionero político, Félix Maradiaga, dijo hace unos días que la comunidad internacional debe hacer su parte contra la dictadura. Pidió una guerra sin armas contra Ortega.
“Considerando que las posibilidades de acción cívica dentro del país son prácticamente nulas, la presión que se puede hacer desde el exterior adquiere mayor relevancia, especialmente de parte de los grupos exiliados, diáspora y gobiernos democráticos”, considera Elvira Cuadra.
La no reelección del hondureño Dante Mossi como presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), apodado “el banquero de la dictadura”, es vista en la oposición nicaragüense y en la región como una nueva derrota de Ortega.
Mossi facilitó el financiamiento con decenas de millones de dólares para un gobierno que violenta derechos humanos como si fuera un hobbie.
Para el dictador, el papel de la comunidad internacional es clave. Ahora, tras la liberación de 222 prisioneros políticos el 9 de febrero pasado, pareciera que la estrategia ya no es tener las cárceles llenas de opositores. “Así puede decir ‘no tenemos presos políticos’, las cárceles están vacías”, explica McFields.
Para él, es el esfuerzo de Ortega es legitimar el “todonormalismo”.
Y mientras lo impulsa, los nicaragüenses se preguntan qué vendrá después. La respuesta es incierta. Aunque conociendo a Daniel y su mano derecha, su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, hay que esperar cualquier cosa, por disparatada que pueda resultar la idea.