Nicaragua presenta el nivel de riesgo de tortura más grave de las Américas, bajo la actual administración Ortega Murillo, situándose en la categoría de “muy alto riesgo”, advirtió este jueves en San José el Índice Global de la Tortura 2026.
El informe sostiene que la tortura, la prisión política y la desaparición forzada forman parte de un patrón sistemático de represión bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El estudio fue elaborado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y presentado junto al Colectivo Nicaragua Nunca Más y la Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua (AMJ) en San José, Costa Rica.
El informe revela que estas violaciones no constituyen hechos aislados, sino que forman parte de una política estatal que se intensificó tras las protestas sociales de abril de 2018.
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Brutalidad policial es política de Estado
De los siete pilares evaluados en la investigación, Nicaragua registró una calificación de muy alto riesgo en áreas críticas como la lucha contra la impunidad, el compromiso político contra la tortura, los derechos de las víctimas y el respeto al espacio cívico.
Asimismo, muestra un alto riesgo en brutalidad policial, condiciones de detención y protección a grupos vulnerables. De hecho, Nicaragua eliminó en la Constitución la prohibición de la tortura.
Las organizaciones ejecutoras del informe han documentado más de 250 testimonios que detallan al menos 40 métodos de tortura y malos tratos.
Las agresiones ocurren principalmente en centros de detención como la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, y el Sistema Penitenciario Nacional La Modelo.
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Secuestros y desapariciones cada día
Entre las prácticas denunciadas figuran el aislamiento prolongado, la privación del sueño, la violencia sexual, las amenazas y la denegación de atención médica.
Las condiciones carcelarias empeoran el panorama: el sistema penitenciario nicaragüense registra un hacinamiento del 177 %.
Para mayo de 2026, al menos 46 personas permanecían detenidas por motivos políticos, y desde 2019 se han contabilizado por lo menos ocho muertes bajo custodia del Estado.
El informe resalta que la violencia institucional se extiende fuera de las prisiones.
En 2025 se registraron 208 detenciones arbitrarias sin orden judicial ni información a los familiares sobre el paradero de los arrestados, lo que configura situaciones de desaparición forzada temporal que elevan la vulnerabilidad de las víctimas.
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Paramilitares y policías: los verdugos
La reforma constitucional de 2025 empeoró el entorno al institucionalizar la “policía voluntaria”, legitimando a grupos paramilitares involucrados en la represión de 2018, que dejó un saldo de al menos 355 muertos.
La OMCT enfatizó que la impunidad en Nicaragua es “absoluta y estructural”, dado que no existen investigaciones ni condenas judiciales contra ningún agente estatal por el delito de tortura.
Aunque el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua (GHREN) identificó en 2025 a 54 funcionarios vinculados a cadenas de mando de posibles crímenes de lesa humanidad, ninguno ha sido investigado.
Ante la falta de garantías, las organizaciones hicieron un llamado urgente a la comunidad internacional para reforzar la vigilancia sobre el país e implementar mecanismos de protección para las víctimas.
