Opositores nicaragüenses exiliados pidieron a la junta directiva del Fondo Verde para el Clima que no permita el desembolso de $115.7 millones que están cubiertos bajo el concepto del Proyecto de Bioclima aprobado para el país centroamericano, porque estos consideran que la dictadura terminará usando los fondos para otras acciones que transgreden la libertad del pueblo.
Los opositores que presentan la solicitud son integrantes de la Plataforma de Unidad por la Democracia (PUDE), quienes afirman que de darse el desembolso, este sería utilizado por la dictadura para continuar con la institucionalizada violación de los derechos humanos y que afecta de manera directa a los territorios indígenas de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense.
Los opositores, además, hicieron un llamado a los Estados miembros a revisar de manera minuciosa y con determinación los resultados de la investigación del Mecanismo Independiente de Reparación (MIR), así como los demás informes generados por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como los elaborados por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los de Amnistía Internacional, al igual que otras organizaciones de Derechos Humanos, los cuales ponen en evidencia que el Estado nicaragüense ha sido culpable de cometer crímenes de lesa humanidad contra sus ciudadanos.
La manifestación expuesta por PUD, se realizó a través de un comunicado, en el que señalan que dicho fondo no favorecerá a las comunidades indígenas, sino todo lo contrario, servirá para fortalecer el sistema dinástico y totalitario que tiene la dictadura familiar de Ortega y Murillo.
Estiman que con ese dinero, la dictadura tendrá recursos para continuar con la represión sistemática y reiterada a la sociedad nicaragüense.
Los opositores sustentan su planteamiento con base a los antecedentes del 2022 y el 2023, pues el Observatorio de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes ha documentado una serie de violaciones a los derechos humanos de los indígenas, con mayor énfasis en 83 comunidades de 17 territorios de la Costa Caribe Norte, contabilizando un total de 571 incidentes, donde el asunto que más prevalece es la invasión de tierras comunales, legalmente demarcados, por colonos o terceros, criminalización de defensores, violencia política y represión contra la autonomía de las comunidades, mismas que han sufrido imposición de autoridades paralelas impuestas por la dictadura y que generar crisis, con las que han sido electas legalmente por la comunidad.
Los opositores exiliados estiman que las poblaciones indígenas de Nicaragua están en peligro, por la invasión de colonos, que es una constante que no para y que ocasiona año con año muertes y desplazamientos de los indígenas, quienes huyen para salvaguardar sus vidas, “esto representa una transgresión flagrante de los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes”.
Finalmente, los miembros de PUDE han propuesto a los estados miembros del Fondo Verde, avanzar con el proyecto una vez que se dé un cambio de sistema político nicaragüense.