La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, llamó “vagabundos” a los docentes que participaron en la marcha que aglutinó también a estudiantes y sindicatos para manifestarse contra los recortes a universidades públicas y al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Para Fernández, los docentes que acudieron a la marcha son “vagabundos” que prefirieron suspender sus labores diarios para asistir a la manifestación convocada en San José, asimismo, dijo que a su criterio la marcha fue ilegal porque se “prestan a ir a reclamar cosas que no existen”.
En ese sentido, el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, confirmó que ya se encuentran coordinando con la Procuraduría General de la República (PGR) para presentar una solicitud de declaratoria de ilegalidad contra la marcha en el Juzgado de Trabajo.
“En todo les estamos cumpliendo, señores educadores, no se dejen engañar por las sanguijuelas que viven de desangrarlos. Hay gente que vive de la protesta. Mire, lo tengo tan claro después de tenerlos sentados aquí en mi oficina”, dijo.
Según el MEP, al menos 36,994 maestros participaron en la marcha del miércoles, lo que habría generado afectaciones en 175 comedores escolares y a 438 estudiantes con discapacidad. Advirtió que promoverá descuentos salariales para quienes marcharon. Los empleados escolares caminaron desde la avenida Segunda en San José hacia la Plaza de la Democracia, frente a la Asamblea Legislativa.
Tras las declaraciones de Fernández, la presidenta de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), Gilda Montero Sánchez, exigió a la mandataria que se retracte de llamarlos “vagabundos” porque los educadores son “un pilar fundamental para el desarrollo de esta nación”.
“El magisterio no es vago, no es mentiroso y su dirigencia no son unas sanguijuelas chupasangre”, aseguró también Gilbert Díaz, presidente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC).
Los empleados marcharon exigiendo el pago de anualidades, realización de aumentos salariales que están pendientes y que el Estado pague la deuda con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).
También expresaron su rechazo contra el presupuesto 2027 porque apenas aumenta el 4.9 % del Producto Interno Bruto (PIB) aunque la Constitución Política dice que debe ser del 8 %. Además, de mostrarse contra los recortes a las universidades púbicas y al FEES.
