En apenas año y medio de gestión, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, acumula 39 causas penales interpuestas en el Ministerio Público, aparte de decenas de recursos legales ante la Corte Suprema
Chaves, de estilo confrontativo y temperamental, se encuentra bajo la lupa del Ministerio Público tras abrirse una investigación por presunto tráfico de influencias, sumando esta causa a una lista de 38 procesos penales acumulados desde mayo de 2022, cuando asumió la presidencia.
De las 39 causas, dos ya han sido desestimadas y otras cuatro tienen solicitud de desestimación por los abogados del presidente, según informes proporcionados por el Ministerio Público.
Todas las investigaciones están relacionadas con la función pública, el desacato a las leyes y el desorden administrativo.
La más reciente investigación se originó después de que el periódico La Nación publicara un acta de la junta directiva de la Junta de Protección Social (JPS) en la que se alega que el presidente Chaves ordenó trasladar el programa La Rueda de la Fortuna; de Canal 7 a Canal 13, a pesar de las posibles repercusiones económicas negativas para el programa y los proyectos sociales de la Junta.
Esmeralda Britton, presidenta de la entidad, confirmó los hechos del acta durante su audiencia en la comisión legislativa que investiga al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).
Esta última causa se encuentra bajo el expediente 23-000082-0033-PE. La posición fue de Presidencia, afirmó Britton ante la Comisión Legislativa encargada de investigar las contrataciones relacionadas con publicidad y empresas de medios alternativos y tradicionales, así como personas físicas, en las que se encuentra relacionado el BCIE, el Sinart, la agencia de publicidad del Sinart y diversas instituciones estatales que han contratado con dicha agencia.
Otros señalamientos
El presidente Chaves enfrenta una variedad de presuntos delitos, incluyendo fraude a la Hacienda Pública, tráfico de influencias y defraudación fiscal, incumplimiento de deberes, entre otros.
También se le investiga por aparente peculado, prevaricato, nombramientos ilegales, presuntos delitos relacionados con la recepción y entrega de donaciones a partidos políticos, coacción, fraude de ley en la función administrativa, abuso de autoridad y desobediencia.
El pasado mes de octubre se realizó una de varias marchas en su contra, apoyada por más de 40 sectores sociales que le demandan más seguridad pública, más recursos para educación, planes de trabajo y apoyo a viviendas sociales, transparencia, tolerancia a la diversidad sexual y otros tópicos.