La Sala Constitucional de Costa Rica anuló la directriz que emitió el Ministerio de Educación Pública (MEP) para prohibir las expresiones políticas de profesores en centros escolares por considerar que limitaba la libertad de expresión y porque las indicaciones que eran “poco claras”.
Los magistrados anularon la prohibición de expresiones políticas, uso de material educativo para favorecer o criticar partidos políticos o candidatos, el uso de ejemplos, preguntas o contenidos que llevaran a una “conclusión política”, y selección de material considerado “sesgado”.
La Sala dictaminó que las indicaciones de Educación terminaban siendo “poco claras” y que podían incluso afectar la manera en que los docentes desarrollan sus clases, por lo que, el MEP tendrá que dejar de aplicar las medidas anuladas y notificar a las escuelas sobre el cese.
La anulaciones también aplicarán para las restricciones en el uso de palabras como “captación” o “adoctrinamiento ideológico”, con las que se podía negar a una persona el ingreso a un centro escolar y así, impedir el ingreso o permanencia de personas ajenas.
Asimismo, se dejó sin efecto la orden de prohibir la “autoridad docente” para beneficiar o dañar ciertas posiciones ideológicas y la indicación de registrar o reportar ante el Ministerio de Educación cualquier posible incumplimiento de las normas notificadas a los maestros.
Las prohibiciones que siguen vigentes
La Sala indicó en su resolución que algunas prohibiciones sí quedarán vigentes, como el hecho de hacer propaganda electoral, promover institutos políticos, ejercer presión por motivos políticos y utilizar bienes públicos para favorecer a partidos dentro de las escuelas.
En ese sentido, el Ministerio de Educación sigue teniendo autoridad para investigar cualquiera de las conductas prohibidas, siempre y cuando estas estén normadas en las leyes o reglamentos vigentes en la República.
La circular con las prohibiciones de Educación fue emitida en julio por el ministro Leonardo Sánchez y las viceministras María Alexandra Ulate y Sofía Ramírez González, donde prohibían cualquier opinión política que pudiera beneficiar o perjudicar a cualquier partido o candidato.
