La Sala Constitucional de Costa Rica ordenó detener la discusión y votación del Presupuesto Nacional 2027, luego que la Asamblea Legislativa continuará con la discusión del proyecto por instrucción de Pueblo Soberano, aunque la Sala ya había indicado que debía suspender el proceso de segundo debate por afectaciones en las funciones del Poder Judicial.
A raíz de un recurso de constitucionalidad presentado por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, por los impactos negativos en las funciones del Poder Judicial por los recortes presupuestarios para 2027, la Sala ordenó “abstenerse de dar segundo debate al proyecto de ley”.
Sin embargo, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez Fallas, interpretó que la resolución de la Sala impedía votar el proyecto, no discutirlo y decidió continuar con el análisis. Varios diputados del Frente Amplio (FA) y del Partido Liberación Nacional (PLN) presentaron otro recurso a la Sala alegando desobediencia de la Asamblea.
“La Asamblea Legislativa deberá abstenerse de dar segundo debate al proyecto de ley que se tramita bajo el expediente legislativo número 25.754, antes del 29 de noviembre de 2026”, indica la resolución de la Sala Constitucional.
Mientras tanto, el oficialismo continúo con la discusión, cuando Jiménez a las 6:30 de la noche decidió levantar la sesión para un receso y luego confirmó que se suspendía. Casi de inmediato, se conoció una segunda resolución de la Sala que aclaró que la Asamblea debía abstenerse tanto de discutir como de aprobar el presupuesto.
En el segundo recurso, los legisladores alegaron que con e presupuesto no solo se afectaba al Poder Judicial, sino también a las universidades públicas por el recorte de 8.048 millones de colones ($17.9 millones) al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Con la suspensión de la discusión del proyecto, la Sala dijo que espera resolver los alegatos de los diputados y del Poder Judicial antes de que la iniciativa quede aprobada de forma definitiva. Los legisladores aseguran que el recorte a universidades es una amenaza a la autonomía de las instituciones.
Mientras que la presidenta de la Corte asegura que el recorte de fondos obligará al cierre de despachos, el despido de más de 2,400 empleados judiciales, cierre de contratos de alquiles, mayor mora judicial, paralización de servicios, falta de chalecos antibalas y falta de fondos para servicios básicos y de protección a víctimas.
