Mientras el vicepresidente del Congreso, Rasel Tomé, sostiene a nombre del oficialismo que la comisión permanente impuesta en el legislativo tiene la potestad de elegir a los titulares del Tribunal Superior de Cuentas, del Tribunal de Justicia Electoral y de la Unidad de Política Limpia, entre otros, el Partido Nacional acusa a un “pequeño grupo” inconstitucional de tratar de decidir los destinos del país.
“La Comisión Permanente tiene la obligación constitucional de mantenernos en reuniones durante el período extraordinario. Hay temas importantes que aprobar, pero quedó demostrado que al Partido Nacional no le interesa el pueblo hondureño ni los migrantes, mucho menos los derechohabientes del Seguro Social”, recriminó Tomé.
Pero el Nacional, la principal fuerza opositora, sostuvo en un comunicado que 9 diputados no pueden continuar decidiendo el futuro del país.
“Para retornar a la democracia legislativa se requieren de procedimientos creíbles y sólidos, de diálogo y consensos, no la terquedad que trae inestabilidad a la sociedad y al gobierno de Libre, están cerrados a imponer a toda costa una figura ilegal como es la Comisión Permanente, sin embargo, el Partido Nacional continúa en la franca disposición de Ilevar a cabo ambos aspectos por el bien de la democracia”, dice la misiva.
“Sobre los proyectos de amnistía municipal, vehicular, migratoria y pagos al Instituto Hondureño de Seguridad Social, se deben aprobar en una sesión ordinaria, tal como lo señala la Constitución de la República en su artículo 109, donde se expone que los pagos de los impuestos y demás tributos deben ser legalmente válidos y para que sean válidos deben ser aprobados en sesión ordinaria”.
Además, califica a la junta directiva, encabezada por Luis Redondo, aliado del oficialismo, de ilegal.
Debido a la parálisis legislativa, el presidente del Congreso armó una comisión permanente que se adjudicó el derecho de decidir por sobre la mayoría parlamentaria.
Fue esta la que impuso a un fiscal general interino y no la mayoría calificada. Esto ha sido fuertemente cuestionado no solo por la oposición, sino también por entes privados y el gobierno de Estados Unidos, el principal socio de Honduras.
