El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica mantiene en investigación el expediente de 155 solvencias económicas de 16 partidos políticos que participaron en las elecciones presidenciales de 2026 en los fondos utilizados para financiar la campaña.
Guiselle Valverde Calderón del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP) confirmó que la entidad electoral mantiene bajo investigación 155 estudios de solvencias económicas de 16 partidos que presentaron candidatos en las elecciones presidenciales.
Valverde Calderón detalló que las investigaciones buscan comprobar el origen de los fondos, la trazabilidad de los recursos y la capacidad económica de las personas que entregaron el dinero para la campaña y así verificar si son lícitos.
“Desde una perspectiva de fiscalización, no basta solo con verificar que esos ingresos hayan sido registrados contablemente o que los gastos cuenten con los documentos de respaldo”, explicó Valverde.
Las solvencias corresponden a 3.411 millones de colones costarricenses ($7.5 millones), de los cuales, el 71.5 % lo recibió el partido oficialista Pueblo Soberano con 2,438,784,481 colones ($5.4 millones) para la campaña presidencial de la ahora mandataria, Laura Fernández.
El segundo instituto político con más fondos en investigación es el Partido Liberal Progresista (PLP) con 339,931,500 colones ($757,238) y en tercer lugar se encuentra la Coalición Agenda Ciudadana con 142,420,000 colones ($317,257).
Los 16 partidos con solvencias en investigación son:
- Pueblo Soberano.
- Liberal Progresista.
- Coalición Agenda Ciudadana.
- Avanza.
- Unidos Podemos.
- Centro Democrático y Social.
- Liberación Nacional.
- Nueva República.
- Actuemos Ya.
- Esperanza Nacional.
- Unidad Social Cristiana.
- Esperanza y Libertad.
- Unión Costarricense Democrática.
- Justicia Social Costarricense.
- Progreso Social Democrático.
- Compatriotas.
Valverde explicó que una de las particularidades en Pueblo Soberano es que el partido dispuso fondos en certificados de cesión, es decir, que accedió anticipadamente a fondos a cambio de ceder a terceros su derecho a fondos estatales por deuda política.
