El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala dio por concluido el proceso electoral de este año, con lo que se oficializan los resultados de las generales y el balotaje, que son considerados ya inalterables, lo que abre la puerta a que el Ministerio Público pueda “materializar” su objetivo de suspender la adjudicación de algunos cargos y hasta cancelar a Movimiento Semilla, del presidente electo Bernardo Arévalo.
Desoyendo las peticiones de diferentes sectores políticos y privados, el TSE anunció que cumpliendo con el mandato y los calendarios “se validaron los resultados electorales y como consecuencia, se concluye el proceso electoral y con ello se oficializan los resultados de las Elecciones Generales y de Diputados al Parlamento Centroamericano 2023, cumpliendo con el artículo 245 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), artículo 128 del Reglamento de la LEPP y el Decreto Número 1-2023 de este Tribunal”.
Comunicado | La oficialización de los resultados de las Elecciones Generales y de Diputados al Parlamento Centroamericano 2023, garantiza la alternancia en el poder y fortalece el régimen democrático del país 🇬🇹.#EleccionesGT2023 🗳️ pic.twitter.com/HV6jmkxXbH
— TSE Guatemala (@TSEGuatemala) October 31, 2023
“Oficializando los resultados… dando certeza jurídica a los ciudadanos electos en los diferentes cargos de elección popular, tanto el 25 de junio como el 20 de agosto del presente año, siendo estos resultados INALTERABLES, garantizando así, la alternancia en el poder y fortaleciendo el régimen democrático del país”, agregó el TSE en un comunicado que fue leído por su vocero Luis Gerardo Ramírez.
Desde junio pasado, el Ministerio Público, encabezado por Consuelo Porras, mantiene una persecución judicial contra diferentes actores políticos, incluidos miembros del TSE y el presidente electo, lo que es considerado un atentado contra la democracia.
En protesta, durante casi un mes ciudadanos han mantenido cierres y han realizado manifestaciones pidiendo la renuncia de Porras y sus ayudantes.
Incluso el gobierno de Estados Unidos considera estas acciones como un atentado al estado de derecho, mientras que Arévalo sostiene que es un golpe de estado en su contra.
