Costa Rica enfrenta una ola de violencia sin precedentes en 2023, con al menos 849 asesinatos reportados entre enero y noviembre, superando el total de 2022, que cerró con 654 casos. Entre las víctimas, se destaca un alarmante incremento de ciudadanos nicaragüenses asesinados, con 71 casos registrados este año, lo que representa casi el 9% del total de homicidios, según la Organización de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica.
La comunidad nicaragüense en Costa Rica, estimada en más de 450,000, se ha visto particularmente afectada por esta violencia atribuida a la guerra de los carteles del narcotráfico por el control de rutas y territorios costarricenses.
Desde 2017 hasta septiembre de 2023, se han contabilizado 438 asesinatos de nicaragüenses en suelo costarricense, según datos de la OIJ.
Los casos más resonantes este año incluyen el triple homicidio de Harold José Zapata Rosales, José Bayardo Rivera Avilés y Miguel Antonio Ángulo, encontrados muertos en Escazú, y el asesinato de Agustina Dávila Moreno en San Carlos. Todos asesinados a balazos.
Estos crímenes, marcados por su brutalidad y la aparente impunidad, han conmocionado tanto a la sociedad costarricense como a la diáspora nicaragüense. Los asesinatos reflejan un patrón de enfrentamientos entre grupos criminales que han interrumpido la paz en un país conocido por su ambiente tranquilo y prosperidad económica.
Los homicidios múltiples, como el de cinco miembros de una familia nicaragüense en Santa Cruz, Guanacaste, en julio de 2022, evidencian la escalada de violencia.
Las autoridades costarricenses, incluyendo al viceministro de Seguridad, Daniel Calderón, reconocen la gravedad de la situación, pero aún enfrentan desafíos significativos para contener esta tendencia.
Las provincias de Limón, San José y Puntarenas son las más afectadas, mostrando un aumento considerable en el número de homicidios en comparación con el año anterior.
Este escenario plantea preocupaciones serias sobre la seguridad en la región y pone de manifiesto la necesidad de una respuesta más efectiva por parte de las autoridades para proteger a todas las comunidades, incluida la numerosa población migrante nicaragüense en Costa Rica.
