La organización Amnistía Internacional denunció que la represión política y las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua han aumentado desde el 18 de abril de 2018, cuando millares de ciudadanos salieron a las calles a protestar contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, movilizaciones que desencadenaron la violenta respuesta del régimen.
Según el movimiento presente en más de 150 países, la dictadura nicaragüense ha arreciado sus intentos por callar las voces disidentes de la oposición, de acuerdo al más reciente informe.
“A través de la documentación de casos emblemáticos mostramos el continuum de represión a la que ha sido sometida la sociedad nicaragüense, y los diferentes patrones de violaciones a derechos humanos que han sufrido las personas que se atreven a alzar su voz para denunciar la crisis que sufre el país y exigir el respeto y el goce pleno de los derechos en Nicaragua”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El uso de la fuerza excesiva, aplicación arbitraria de la ley, ataques permanentes a la sociedad civil y el exilio forzado, además del retiro de la nacionalidad, son los métodos “favoritos” del dictador Ortega para someter y castigar a sus opositores, agrega.
“A cinco años de su inicio, la crisis de derechos humanos en Nicaragua se sostiene por la pérdida del Estado de Derecho, la aprobación de reformas normativas que han afectado la independencia del poder judicial y el cierre al escrutinio de mecanismos de control de derechos humanos, tanto regionales como universales”,
Ericka Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Además, denuncia el cierre de espacios cívicos, persecución de periodistas y activistas, y un manejo de finanzas gubernamentales sin rendir cuentas públicas.
“La implementación de estos métodos ha provocado un amplio abanico de violaciones a derechos humanos, entre ellas la detención arbitraria, la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, y la privación arbitraria de la nacionalidad”, añade el informe.
Denuncia también que en el último quinquenio el régimen ha creado leyes que le permiten restringir la libertad de asociación y expresión, mismas que ha utilizado para encarcelar a opositores, entre estos el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, sentenciado a 26 años de cárcel por presuntamente participar de un complot contra el gobierno.
La organización también hace un recuento de los actos de hostigamiento y represión que el gobierno nicaragüense ha realizado contra las organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes. Durante el último quinquenio el gobierno ha creado una serie de leyes para restringir la libertad de asociación y expresión y ha sometido a las organizaciones de derechos humanos y los medios a campañas de desprestigio, intervenciones ilegítimas en sus operaciones y la criminalización injusta de sus miembros.
El informe también da cuenta del arresto de por lo menos 300 opositores, 222 de los cuales fueron desterrados y su ciudadanía, un derecho por nacimiento, fue eliminada de un plumazo por el régimen.
Medidas de justicia transicional
El Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (CALIDH), puso a disposición de la sociedad nicaragüense un informe que además de resumir los crímenes de lesa humanidad en medio de la dictadura nicaragüense,contiene 30 medidas de justicia transnacional para el país centroamericano.
“Con este informe, el centro busca abrir el debate público respecto de lugar que tendrán la memoria, la verdad y la justicia en el futuro transnacional, ese futuro que necesariamente tendrá que ser democrático para dar lugar a las demandas y reivindicaciones de las víctimas, organizaciones de víctimas y sus familias”, dice un comunicado del CALIDH.
Sin embargo, aclara que sería ingenuo poner fecha para la transición, aunque insiste en que cuando ocurra, esta debe llevar hacia la democracia y debe seguir una programación no improvisada y que aparte el divisionismo.
“Con las 30 medidas de justicia transicional que hoy propone CALIDH, busca alentar a que el centro de esas futura transición sean las víctimas y sus familiares”, agrega.