La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso N° 12.787 – Natividad de Jesús Ramírez y familia, contra el Estado de El Salvador, por las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de siete personas durante el conflicto armado interno en 1982.
El caso fue remitido el pasado 6 de octubre de 2025 y expone graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales contra la familia Ramírez, identificada en ese momento como opositora política por su vínculo con la Iglesia Católica. La petición fue admitida por la CIDH en 2004.
Según el Informe de Fondo N° 150/23 de la CIDH, se determinó que la ejecución de Rufino Ramírez y Teresa de Jesús Ramírez fue resultado del uso injustificado y desproporcional de la fuerza por parte de fuerzas estatales. Además, acreditó la desaparición forzada de Natividad de Jesús, Salvador, José Elías, Jorge Alberto y Guadalupe Robles Ramírez, tras detenciones realizadas en sus hogares por agentes públicos que luego negaron información sobre su paradero.
La CIDH señaló omisiones graves en la investigación estatal, como la falta de autopsias, ausencia de medidas de búsqueda efectivas y la apertura tardía de investigaciones, hasta 20 años después de los hechos, sin resultados verificables. Tampoco se aplicó enfoque de género en el caso de Teresa de Jesús Ramírez ni se ofrecieron explicaciones sobre el archivo de los procesos.
La Comisión afirmó que la impunidad y el desconocimiento del paradero de las víctimas han generado un profundo impacto psicológico y moral en los familiares, algunos de los cuales presenciaron directamente los hechos.
En su conclusión, la CIDH estableció la responsabilidad internacional del Estado salvadoreño por violaciones a los derechos a la vida, libertad, integridad personal, garantías judiciales, protección judicial, derecho del niño y reconocimiento de la personalidad jurídica, consagrados en los artículos 3, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1, 17, 19 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en conexión con el artículo 1.1 del mismo instrumento.
Ante la gravedad de los hechos, la CIDH pidió a la Corte IDH ordenar al Estado salvadoreño una serie de medidas de reparación, entre ellas compensación integral a las víctimas y medidas de satisfacción, localización de las personas desaparecidas y entrega de restos a sus familias, acceso a atención médica y psicológica con enfoque diferencial, continuación de las investigaciones penales con debida diligencia y enfoque de género, incluyendo la persecución de crímenes vinculados a personas de la Iglesia Católica y medidas de no repetición, como la creación de un banco genético, regulación de la búsqueda de desaparecidos y adhesión a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada.
