La cuestionada fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, presentó este domingo un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad con el que busca garantías para que el mandatario deje de llevar a cabo medidas “arbitrarias” nacionales e internacionales con las que según un comunicado de la institución pretende tomar el control de esta de manera ilegal.
“Hoy se presentó acción constitucional de amparo ante la Corte de Constitucionalidad ante la amenaza real, cierta e inminente de que el Presidente de la República, César Bernardo Arévalo de León, continúe en forma arbitraria e ilegal tomando medidas políticas nacionales e internacionales, financieras y presupuestarias, así como promoviendo otras medidas de hecho que inciten a la violencia, acciones que pueden desembocar en atentados en contra de la integridad física y la vida tanto de la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, Dra. María Consuelo Porras Argueta, así como de los funcionarios la institución”, dijo el Ministerio Público en un comunicado difundido la noche del domingo.
La institución dirigida por Consuelo Porras, la fiscal general considerada corrupta y antidemocrática y quien encabezó los esfuerzos para que Arévalo no asumiera el Ejecutivo, dijo que “ha planteado la referida Garantía Constitucional para que la honorable Corte de Constitucionalidad, conforme a Derecho, ordenen al presidente de la República que se abstenga de adoptar medidas políticas, nacionales e internacionales, y medidas financieras o presupuestarias a través de las cuales pretenda tomar el control del Ministerio Público”.
El anuncio ocurrió poco antes de la cadena nacional del presidente Arévalo.
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El Ministerio Público informa: pic.twitter.com/o6QQk15LSD— MP de Guatemala (@MPguatemala) May 6, 2024
Según el MP, la amenaza es real, cierta e inminente de parte del presidente.
Agregó que las medidas adoptadas desde el Ejecutivo han sido arbitrarias e ilegales y que estas atentan contra la seguridad de Porras y algunos de sus ayudantes.
El presidente tiene como punto de honor la renuncia de la fiscal general, quien se aferra al cargo y mantiene un abierto enfrentamiento contra el nuevo gobierno.