La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) eligió al obispo de Granada, monseñor Jorge Solórzano Pérez, como su nuevo presidente. La reestructuración de su directiva ocurre mientras la Iglesia católica enfrenta una feroz persecución estatal.
Solórzano completará el trienio 2025-2027 en lugar de monseñor Carlos Enrique Herrera, obispo de Jinotega. El régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo lo expulsó del país en noviembre de 2024.
La elección tuvo lugar en Managua durante la Asamblea General de 2026, en la que participaron solo los obispos presentes en Nicaragua.
Así lo indica un comunicado fechado el 10 de noviembre y divulgado por la Arquidiócesis de Managua.
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Brenes continúa como vicepresidente
Además, la asamblea mantuvo al cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano, arzobispo de Managua, como vicepresidente, y a monseñor Marcial Humberto Guzmán Saballos, obispo de Juigalpa, como ecónomo.
Por su parte, monseñor Sócrates René Sándigo Jirón, obispo de León, asume la secretaría general, cargo que Solórzano ejercía desde 2021.
Según el comunicado, la votación responde a un acuerdo de la Asamblea General de 2024. En aquella ocasión, el episcopado aplazó la elección de la directiva hasta que el plenario decidiera retomarla.
Solórzano fue nombrado obispo de Granada por Benedicto XVI en marzo de 2010. Antes fue obispo auxiliar de Managua y dirigió la diócesis de Matagalpa.
Cuatro obispos en el exilio
Desde 2019, cuatro miembros de la CEN han salido forzosamente del país. El primero fue monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua, quien partió ese año.
Posteriormente, en enero de 2024, las autoridades excarcelaron y desterraron al Vaticano a monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, y a monseñor Isidoro Mora, obispo de Siuna, junto con otros religiosos.
Por otro lado, la elección se conoció menos de dos semanas después de que Herrera confirmara que la Santa Sede pospuso hasta 2027 la visita ad limina, en la que los obispos informan sobre la situación de sus diócesis.
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En declaraciones a EWTN News Español, el prelado atribuyó el aplazamiento a la falta de “condiciones apropiadas” entre los miembros de la conferencia episcopal.
De forma paralela, el régimen sandinista ha encarcelado y desterrado a sacerdotes, expulsado congregaciones religiosas, confiscado bienes eclesiásticos y prohibido la mayoría de las celebraciones religiosas públicas.
En octubre pasado, un grupo de ONG denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que las autoridades han ilegalizado más de 1.300 organizaciones religiosas y confiscado decenas de sus propiedades.
