La extorsión llegó a su nivel más alto en Honduras en 2023 en los últimos 5 años y se calcula que 11 de cada 100 ciudadanos son víctimas de este delito extendido en todo el país, de acuerdo a datos de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), una entidad no gubernamental de carácter cristiano cívico.
La cifra, que resulta alarmante desde donde se vea, tiene un acento muy particular porque demuestra que el régimen de excepción parcial vigente desde hace un año y que se ha prorrogado cada 45 días, no ha dado resultados.
En diciembre de 2022, la presidenta Xiomara Castro impuso la medida que restringe algunas garantías ciudadanas y que hasta llegó a prohibir la libre movilización en importantes ciudades, en busca de frenar este delito principalmente.
“Aunque el diseño del plan contra la extorsión fue bueno, su implementación ha sido débil con sólo tres de 30 acciones completadas”, dijo ASJ en su presentación.
Recurrieron a transferencias bancarias y billeteras electrónicas para obtener el dinero.
El informe titulado “Un año de lucha contra la extorsión en Honduras: evaluando avances y resultados”, hace un análisis del esfuerzo del gobierno, aunque advierte que de 30 medidas anunciadas, solo 3 fueron puestas en práctica como mecanismo sostenido de combate al delito.
El plan de seguridad contra la extorsión fue lanzado el 24 de noviembre y unas semanas después, el régimen de excepción.
Los datos, dijo la ASJ, los obtuvo mediante “solicitudes de información a instituciones públicas, los resultados de una encuesta nacional de victimización y una encuesta de evaluación del plan aplicada a expertos, entre ellos: policías, fiscales, jueces y militares de alto nivel”.
Un dato que llama la atención es que en 2018, el Barómetro de las Américas de Lapop indicaba que la extorsión afectaba a un 8.5 % de los hondureños. La cifra subió a 9 % en 2022, bajó a 8.4 % entre febrero y mayo de este año y en noviembre se situó en 11.1 %.
Los departamentos más afectados, de acuerdo a los datos, son Cortés, La Paz, Colón, Yoro y Francisco Morazán. Sin embargo, el delito está presente en todo el país.
“En cuanto al presupuesto, sólo se ha ejecutado 30 % del asignado en 2023 y pese a que en octubre se aprobó un acuerdo ejecutivo para la compra de equipo tecnológico de seguridad, aún se refleja 0 % de ejecución en esta línea presupuestaria”, advierte la ASJ.
“Expertos consultados por ASJ coinciden en que sólo 3 de las 30 acciones contempladas en el plan antiextorsión se pueden considerar cumplidas: las reformas a la Ley de Lavado de Activos (derogaciones de los decretos 57-2020 y 93 2021); perfilar, seleccionar y certificar a los miembros de la carrera policial, y la asignación de más de mil millones a la Policía Nacional”, dice el informe.
La extorsión incrementó al nivel más alto en cinco años, con 11.1 % de hondureños afectados en 2023. Más detalles del informe "Evaluando un año de lucha contra la extorsión: avances y desafíos" aquí ➡ https://t.co/4o8Yp1ciZn pic.twitter.com/D6uwqqZ1BD
— Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) (@asjhn1) December 13, 2023
Como las acciones no cumplidas más relevantes mencionan la creación una comisión integral con policías, fiscales, jueces, Registro Nacional de las Personas, Comisión Nacional de Banca y Seguros, Instituto de la Propiedad, Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, Instituto Nacional de Migración, Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, Instituto Nacional Penitenciario, entre otros; operaciones estratégicas estructurales y de impacto contra Objetivos de Alto Valor Estratégico y tecnificar procesos de gestión de información; así como reformas penitenciarias.
Este año, las penitenciarías fueron intervenidas por los militares, por orden de la presidenta Castro; sin embargo, también ocurrió una de las masacres más grandes en una cárcel de mujeres cercana a Tegucigalpa, que dejó 46 fallecidas.
Las recomendaciones
El informe presenta recomendaciones a la Secretaría de Seguridad, que actualmente vive una disputa interna entre el ministro y la viceministra, para un combate integral en un plan antiextorsiones.
Sugiere la unificación de los esfuerzos de fiscales, jueces, sector financiero, sociedad civil y víctimas.
Además, propone suspender el estado de excepción que rige en 158 de los 298 municipios del país, pues ha resultado ineficaz contra las extorsiones.
En los primeros 3 meses desde la entrada en vigor de este, el 95 % de los detenidos había quedado en libertad pues los acusados fueron detenidos por faltas menores.
La medición hecha por la ASJ indica que sólo el 15 % de los ciudadanos dijo sentirse más seguro desde que este fue impuesto.