El exvicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, continuará bajo detención domiciliaria luego de que la jueza Mónica Barrios rechazara el miércoles la solicitud de su defensa para modificar la medida cautelar impuesta en el proceso judicial que enfrenta por presunto enriquecimiento injustificado.
La decisión fue adoptada durante una audiencia de revisión de medidas cautelares celebrada en el Sistema Penal Acusatorio (SPA), ubicado en Plaza Ágora. Los abogados del exfuncionario solicitaron sustituir la detención domiciliaria, vigente desde enero de este año, por la obligación de presentarse ante las autoridades los días 15 y 30 de cada mes, además de mantener la prohibición de salir del país.
El abogado Víctor Orobio, representante de Carrizo, sostuvo que existen nuevos elementos dentro de la investigación que justifican revisar las restricciones impuestas a su cliente.
Uno de los principales argumentos de la defensa se concentró en los ingresos y gastos atribuidos al exvicepresidente. Según un informe de la Contraloría General de la República, utilizado por el Ministerio Público para formular la imputación, Carrizo registró ingresos verificables por $7.1 millones entre 2019 y 2024, mientras que sus gastos ascendieron a $9 millones. La diferencia de $1.9 millones constituye el monto del presunto enriquecimiento injustificado investigado por las autoridades.
Entre los gastos cuestionados figura la adquisición de un apartamento valorado en $1.2 millones, cuyo comiso había sido solicitado por el Ministerio Público. Sin embargo, la medida fue levantada al establecerse que el inmueble había sido adquirido antes de que Carrizo asumiera la vicepresidencia. La defensa también cuestionó la metodología de la auditoría de la Contraloría y sostiene que, al revisar los cálculos, los ingresos del exfuncionario superarían sus gastos, por lo que considera que no existiría enriquecimiento injustificado.
La jueza Barrios rechazó modificar la medida cautelar al considerar que los cuestionamientos sobre los ingresos, gastos y la naturaleza de los hechos investigados deben ser examinados por el tribunal de juicio. También recordó que la propia defensa solicitó inicialmente la detención domiciliaria y concluyó que no se acreditaron cambios en los riesgos procesales que motivaron su imposición.
La fiscal anticorrupción Patricia Herrera, representante del Ministerio Público, respaldó la decisión judicial y señaló que las diferencias entre los cálculos de la Contraloría y los presentados por la defensa deberán discutirse durante el juicio.
“Lo que se quiso decir acá es que esto es un tema de debate en la fase correspondiente, que es la fase de juicio, para eso la incorporación de peritos tanto de la Contraloría General de la República como el perito privado. Esos ya son temas que se tienen que discutir a nivel de juicio”, explicó Herrera.
La fiscal agregó: “En acto de audiencia y con posterioridad a nuestras alegaciones y argumentos de que no existen circunstancias nuevas que desacrediten el delito o la vinculación del mismo con el delito o el presunto delito de enriquecimiento justificado, la juez ha tomado la decisión de mantener la retención domiciliaria del señor José Gabriel Carrizo”.
Carrizo fue el vicepresidente de Laurentino Cortizo (2019-2024), quien también enfrenta procesos judiciales en su contra. Ambos han intentado blindarse como diputados al Parlamento Centroamericano pero no han podido juramentarse aún.
