La fiscalía guatemalteca contra la impunidad y la Policía Nacional Civil (PNC) allanaron este miércoles las instalaciones del Ministerio de Salud, como parte de las investigaciones por la millonaria compra de vacunas rusas Sputnik contra el covid-19, un trato envuelto en marañas y una enorme oscuridad que el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei decidió declarar en reserva.
“La Fiscalía Especial contra la Impunidad en coordinación con la PNC realiza diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en seguimiento a la investigación relacionada a posibles irregularidades en la adquisición de vacunas Sputnik”, se informó oficialmente.
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La Fiscalía Especial contra la Impunidad en coordinación con la PNC realiza diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en seguimiento a la… pic.twitter.com/FAOfYO6e4F— MP de Guatemala (@MPguatemala) May 22, 2024
“La diligencia se realiza con la finalidad de fortalecer la investigación en curso, se ha obtenido información de correos electrónicos en los que podrían estar vinculadas personas bajo investigación”, agregó el Ministerio Público en redes sociales.
El caso es investigado desde hace 3 años, pero el mes pasado el presidente Bernardo Arévalo, quien asumió el Ejecutivo el 15 de enero, denunció ante los tribunales a la exministra de Salud, Amelia Flores, por el millonario contrato firmado el año 2021 entre el gobierno de Guatemala y una empresa rusa.
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El licenciado Rafael Curruchiche, Fiscal de Sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, amplía detalles de la diligencia que se realiza en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en seguimiento a la investigación… pic.twitter.com/q6JMP7FRKQ— MP de Guatemala (@MPguatemala) May 22, 2024
El acuerdo fue declarado confidencial y desató una serie de cuestionamientos debido a las irregularidades que han sido reportadas paulatinamente.
Guatemala pagó $79,6 millones por 8 millones de dosis de las vacunas Sputnik V a una empresa intermediaria, como parte de un contrato por 16 millones de dosis.
El contrato fue suscrito en condiciones poco favorables para el Estado. Incluso, en caso de retrasos en la entrega la empresa queda sin responsabilidad provocando controversia por lo poco favorables, entre los que resalta que si se daba un atraso en la entrega, la empresa rusa quedaría despojada de cualquier responsabilidad y si había reclamos gubernamentales la parte contratante sólo podría recibir $100,000 indemnización. El convenio exime de responsabilidad al vendedor si las vacunas resultan deficientes.