El Congreso Nacional analiza una propuesta de reforma al artículo 323 del Código Penal para endurecer las penas de prisión contra quienes conduzcan vehículos bajo los efectos del alcohol o las drogas, con el propósito de reducir los accidentes de tránsito y las muertes en las carreteras del país.
La iniciativa del legislador del Partido Liberal de Honduras, Alex Berríos, establece penas de dos a cinco años de cárcel para los conductores de vehículos livianos que manejen bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes u otras sustancias que alteren sus capacidades para conducir.
En el caso de los conductores de vehículos pesados, las sanciones serían mayores, con condenas de cinco a diez años de prisión. La propuesta busca establecer castigos más severos para quienes conduzcan en estas condiciones, ante la preocupación por los accidentes de tránsito registrados en Honduras.
El proyecto también plantea que no será necesario demostrar que el conductor puso en peligro concreto la vida o la integridad física de otras personas para acreditar el delito. De esta manera, la conducción bajo los efectos de estas sustancias podría ser sancionada sin necesidad de comprobar un riesgo adicional.
Pruebas de alcoholemia y excepciones
La reforma establece que las pruebas de alcoholemia y los exámenes toxicológicos practicados por Medicina Forense, conforme a la legislación hondureña, serán suficientes para acreditar el consumo de alcohol o drogas, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa de los conductores.
Sin embargo, la iniciativa contempla una excepción para las personas que, debido a una condición médica debidamente comprobada, necesiten consumir medicamentos que puedan generar resultados positivos en las pruebas. Esta disposición pretende evitar sanciones injustificadas contra quienes reciben tratamientos médicos.
Asimismo, la propuesta señala que la clasificación de los vehículos livianos y pesados deberá realizarse conforme a la legislación y reglamentación vigente en materia de tránsito. Con estas disposiciones, el legislador pretende fortalecer las medidas de seguridad vial y reducir las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol y otras sustancias.
La iniciativa surge en medio de las preocupaciones por la conducción en estado de ebriedad en Honduras. Durante el primer semestre del año, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) había sancionado a más de 12,000 conductores por manejar bajo los efectos del alcohol, una cifra que refleja la magnitud del problema que las autoridades buscan enfrentar mediante medidas legales más estrictas.
