El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) promovió en marzo de 2026 la contratación de una plataforma que permitiría consultar información personal, financiera y judicial de ciudadanos, con el argumento de prevenir ciberataques y proteger infraestructura estratégica, según correos internos revelados por el periódico costarricense La Nación.
La herramienta permitiría obtener fotografías recientes, ingresos estimados, referencias crediticias, propiedades y procesos judiciales de las personas investigadas. También contemplaba acceder a información sobre sus cónyuges, direcciones electorales y antecedentes penales de personas vinculadas a su entorno cercano, lo que generó cuestionamientos sobre el alcance de la iniciativa.
Para financiar el servicio, el ICE certificó un presupuesto anual de ₡1.5 millones, aproximadamente $3,300, según documentación fechada el 26 de febrero de 2026. La institución pretendía realizar la contratación mediante una compra directa de escasa cuantía, con la posibilidad de extender el servicio hasta por cinco años adicionales.
La iniciativa fue promovida desde el Centro Coordinador de Operaciones de Emergencia Corporativa (CCOEC), dependiente de la Presidencia Ejecutiva del ICE. Su director, Juan de la Cruz Brenes Solera, autorizó continuar el proceso el 10 de marzo, pese a las interrogantes sobre el uso de información sensible.
La Mesa Técnica de Compras cuestionó la finalidad del servicio y advirtió sobre las responsabilidades legales relacionadas con el tratamiento de datos personales. La dependencia recomendó valorar una consulta jurídica para determinar si la institución tenía facultades para acceder a esa información.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción tramita una denuncia presentada por el sindicato Acotel desde julio. Por su parte, Anttec exigió la separación del director involucrado y recordó que en 2011 la Sala Constitucional condenó al ICE por realizar labores de vigilancia indebida contra un dirigente sindical.
Aunque el ICE aseguró el 6 de octubre que ya no estaba realizando la compra, todavía no se ha esclarecido si la contratación llegó a concretarse. El caso abre nuevos cuestionamientos sobre la protección de datos personales en Costa Rica, donde la Ley 8968 establece garantías para la privacidad de los ciudadanos frente al uso institucional de su información.
