La Corte de Apelaciones en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción de Honduras confirmó la orden de captura internacional contra el exministro de la Presidencia, Ebal Díaz, acusado de participar en el presunto fraude del proyecto habitacional “Casas Contenedores”, que habría provocado un perjuicio de 294 millones de lempiras a las finanzas públicas hondureñas.
El tribunal también ratificó los autos de formal procesamiento contra otras 10 personas vinculadas al expediente judicial, quienes deberán continuar enfrentando las acusaciones por diferentes delitos relacionados con el supuesto manejo irregular de fondos públicos. Sin embargo, la resolución favoreció a Carmen Cuadra y Lette Villatoro Flores, cuyo procesamiento fue revocado y recibieron sobreseimiento definitivo.
El portavoz del Poder Judicial hondureño, Carlos Silva, confirmó que el exfuncionario continúa prófugo de la justicia y que existen otras dos personas involucradas en el expediente que tampoco han sido localizadas. Las autoridades mantienen vigentes las órdenes de captura y las alertas internacionales contra los tres señalados.
Entre los procesados figuran Sonia Morales, Sonia Montoya, Mario Gómez, Frank Rodríguez, Luis Aparicio, Liz Moncada, Óscar Mendoza, Rolando Pujol, José Cali y José Cortés. Los imputados enfrentan acusaciones por delitos como fraude, administración fraudulenta y violación de los deberes de los funcionarios, relacionados con las presuntas irregularidades investigadas.
El expediente judicial está relacionado con el proyecto habitacional “Casas Contenedoras”, también conocido como Residencial Morazán, una iniciativa destinada a proporcionar viviendas a familias afectadas por los huracanes Eta e Iota. El Ministerio Público y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) señalaron presuntas irregularidades en el uso de los recursos destinados a la construcción de las viviendas.
Díaz fue uno de los funcionarios de mayor influencia durante los gobiernos del expresidente Juan Orlando Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022. Durante ese período ocupó la Secretaría del Consejo de Ministros y el Ministerio de la Presidencia, además de participar en la promoción de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), conocidas como “ciudades modelo”.
Tras finalizar el mandato de Hernández en enero de 2022, Díaz se trasladó a Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega le concedió la nacionalidad nicaragüense en junio de ese mismo año, beneficio que también recibió su familia. Esta condición representa un obstáculo para su extradición desde territorio nicaragüense, debido a las disposiciones constitucionales de ese país que impiden extraditar a sus ciudadanos.
El exministro, quien también fue incluido en diciembre 2024 por el Departamento de Estado de Estados Unidos en la denominada Lista Engel por señalamientos de corrupción significativa y presunta malversación de fondos públicos, rechazó públicamente las acusaciones en su contra y sostuvo que responden a una persecución política.
