El Juzgado Penal de Limón suspendió la acusación del delito de robo de combustible contra Gilbert Bell Fernández, conocido como “Macho Coca”. La resolución fue emitida luego que la Fiscalía costarricense solicitará la suspensión de la causa penal para agilizar su extradición por narcotráfico hacia Estados Unidos.
A inicios de junio, Tribunal de Apelación de Sentencia del II Circuito Judicial de San José avalara la extradición de Bell Fernández a Estados Unidos por acusaciones de tráfico internacional de drogas. Una de las condiciones pactadas es que “Macho Coca” cumpliera con todos los procesos penales pendientes en Costa Rica.
Por ello, la Fiscalía pidió suspender la acusación de robo de combustible para acelerar la extradición. El caso de robo de combustible es conocido como PetroCoke y al quedar suspendido permite que el acusado sea entregado a las autoridades estadounidenses y que sea puesto a las órdenes de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Con este paso liberado, las autoridades costarricenses solo están a la espera de que Estados Unidos se comprometa a cumplir con las garantías pactadas de no imponerle pena de muerte a Bell Fernández, no condenarlo a más de 50 años de prisión, juzgarlo solamente por los delitos de narcotráfico e incluir en la pena el tiempo que pasó en prisión preventiva.
La justicia norteamericana formalizó la solicitud de extradición en noviembre de 2025 y está había sido denegada por las autoridades costarricenses, sin embargo, este mes se conoció el fallo del Juzgado de Apelación que dio luz verde a la extradición.
Sobre el caso suspendido
“Macho Coca” mantendrá suspendido el caso que lo implica en una supuesta organización criminal que se dedicaba al robo masivo de combustible de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), que extraía de los poliductos del Estado.
La investigación señala que la organización obtenía ganancias de hasta 400 millones de colones ($879,773.60) mensuales por la venta del combustible robado. A Bell Fernández se le acusa de liderar la organización que además, almacenaba y distribuía el combustible robado en planteles, predios y en vehículos pesados en la provincia de Limón.
