La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala admitió una apelación presentada por el Ministerio Público (MP) y frenó la devolución de diez fincas vinculadas al expresidente Otto Pérez Molina, que habían pasado a favor del Estado mediante un proceso de extinción de dominio en 2025. La decisión fue emitida el pasado 5 de octubre de 2026.
La resolución favorece las acciones legales de la Fiscalía guatemalteca, que busca mantener bajo dominio estatal las propiedades ubicadas en el municipio de Zaragoza, departamento de Chimaltenango, así como Q1,402,051.58 ($183,401) relacionados con el exmandatario. Los inmuebles están registrados a nombre de la sociedad Vista Servicios Electrónicos, S. A.
El proceso comenzó con una sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Extinción de Dominio, que el 5 de junio de 2025 declaró procedente la acción promovida por el Ministerio Público sobre los diez terrenos y el dinero vinculado a Pérez Molina. Sin embargo, la empresa propietaria de los inmuebles recurrió la decisión ante la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio.
El 3 de julio de 2025, esa instancia judicial aceptó la apelación de Vista Servicios Electrónicos, S. A. y revocó la sentencia que había ordenado trasladar los bienes al Estado de Guatemala. Ante ese fallo, el Ministerio Público presentó una acción constitucional de amparo ante la Corte Suprema de Justicia el 31 de julio del mismo año, pero el recurso fue rechazado el 22 de enero de 2026.

La Fiscalía acudió entonces a la Corte de Constitucionalidad mediante una apelación de amparo, que finalmente fue aceptada. El tribunal otorgó el amparo provisional y revocó la resolución impugnada, lo que representa un avance para el Ministerio Público en su intento de impedir la restitución de los bienes. No obstante, el proceso judicial continúa pendiente de las decisiones que correspondan.
Pérez Molina gobernó Guatemala entre 2012 y 2015, cuando renunció a la Presidencia en medio del escándalo de corrupción conocido como “La Línea”, que también involucró a su vicepresidenta, Roxana Baldetti.
El exmandatario presentó su dimisión el 2 de septiembre de 2015, después de que el Congreso le retirara la inmunidad un día antes, y fue detenido el 3 de septiembre. Posteriormente recibió condenas de prisión en 2022 y 2023, aunque recuperó su libertad bajo fianza en enero de 2025.
Por su parte, Baldetti también enfrenta un proceso relacionado con bienes y dinero en efectivo que el Ministerio Público pretende trasladar a favor del Estado. Su abogado, Melkin Escobar, cuestionó la investigación de la Fiscalía y aseguró que busca demostrar ante el Juzgado de Extinción de Dominio que el patrimonio de la exvicepresidenta fue adquirido legalmente mediante ingresos obtenidos durante su período como diputada del Congreso de Guatemala.
Escobar también señaló que las investigaciones contra Baldetti comenzaron a partir de una denuncia presentada por Alejandro Eduardo Giammattei Falla, quien luego fue presidente. Mientras el Ministerio Público sostiene que la exfuncionaria habría incrementado ilícitamente su patrimonio, su defensa intenta acreditar la procedencia legal de los bienes. En el proceso relacionado con Pérez Molina, la Fiscalía aseguró que continuará impulsando las acciones legales correspondientes, mientras se emiten nuevas resoluciones judiciales.







