Un grupo de 49 migrantes deportados por Estados Unidos y trasladados a Panamá en febrero, obtuvo una nueva prórroga de seis meses en su permiso humanitario, confirmó el pasado sábado una fuente del Servicio Nacional de Migración panameño.
“En efecto, sí se ha hecho una extensión. Esta sería la segunda, y es de seis meses para quienes llegaron en el vuelo de deportación desde Estados Unidos. Se trata de una medida humanitaria”, detalló la fuente.
Inicialmente, los migrantes recibieron un permiso temporal en marzo por 30 días, prorrogable hasta 90. Esta reciente ampliación responde a su situación de vulnerabilidad, al no poder regresar a sus países de origen.
Elías Cornejo, coordinador de Fe y Alegría, una organización que forma parte de la Red Clamor, la Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Refugio y Trata de Personas, indicó que recibieron la notificación oficial el pasado viernes, luego de conocer la decisión el miércoles.
Cornejo explicó que esta prórroga permite a los migrantes continuar legalmente en territorio panameño mientras evalúan su futuro, ya sea permanecer en el país o buscar refugio en una tercera nación.
Los migrantes son originarios de países como Somalia, Irán, Afganistán, Rusia y Etiopía, y fueron enviados a Panamá bajo políticas migratorias implementadas en la administración de Donald Trump. Por motivos de persecución política, amenazas a su vida o inseguridad, no pueden regresar a sus países de origen.
“Ellos no quieren volver a su país y tampoco pueden entrar a Estados Unidos. Muchos están en una lista de países a los que se les niega la visa, por lo que analizan si quedarse en Panamá o seguir hacia otro destino”, explicó Cornejo.
Aunque no hay reportes de negociaciones oficiales por parte del Gobierno panameño para reubicarlos, sí existen gestiones privadas e iniciativas de organismos internacionales que buscan alternativas en países de América del Sur.
En febrero, Panamá recibió a 299 migrantes irregulares extracontinentales desde Estados Unidos, como parte de un acuerdo bilateral que convirtió al país en “puente” para facilitar su repatriación o reasentamiento. De ese grupo, 187 aceptaron regresar voluntariamente, mientras que 112 se negaron, muchos por temor a represalias si volvían a sus lugares de origen.
Actualmente, solo permanecen en territorio panameño 49 de ellos, alojados en albergues como Fe y Alegría, Hogar Luisa y un hotel habilitado con apoyo de Unicef, donde residen las familias con menores.
Sobre el apoyo que siguen recibiendo, Cornejo aseguró: “Nos mantenemos con la ayuda de la gente que siempre nos ha respaldado y algunas organizaciones internacionales, que continúan brindando alimentos y otros insumos básicos”.
